Dentro de mi labor de carácter investigativo/periodístico y concientizador en torno al medio ambiente, me he tomado el tiempo de entrevistar a algunos diputados, empresarios, abogados, agricultores, directores de cámaras, presidentes de gremiales, ambientalistas y demás sectores que conforman la sociedad civil, todo en torno a la iniciativa de ley 6054 y otras como las 6055, 6021 y 5923. Todo apunta a que estas iniciativas son un error.

Si nos concentramos en la más crítica de todas, que es la 6054, que persigue aglutinar a entes técnicos como el Conap, el Inab, la Ocret e instituciones que administran los lagos del país, para que todo pase a ser parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), vemos que la oposición de todos los sectores es porque aseguran que le falta el debido respaldo científico, jurídico y social.

Parece ser que de pasar la ley 6054 se dañará la gestión ambiental de Guatemala, se lesionará la libertad de la industria, comercio y trabajo, y se debilitará la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos naturales, por lo que es incomprensible insistir en pasarlas. No parece ser una buena idea el darle un poder totalitario a un ministerio que no tiene la experiencia para llevar a tantas instituciones autónomas sobre sus hombros, las que están bajo la Presidencia o Vicepresidencia, con juntas directivas específicas y competencias diferentes.

Una de las instituciones en riesgo es el Instituto Nacional de Bosques (Inab), que ha venido trabajando con incentivos forestales que benefician a millares de guatemaltecos. Lo mismo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que resguarda la riqueza de nuestra biodiversidad pero que, a falta de presupuesto, batalla día a día sin los recursos que debiera tener, por lo que en vez de desaparecerla, se le debiera fortalecer. Al poner a esta bajo la sombrilla del MARN, no es garantía la protección de nuestra flora, fauna, áreas protegidas y recursos naturales en general.

La iniciativa 6054 fue presentada sorpresivamente por el diputado Aníbal Rojas, del partido Viva. Actualmente se discute en la Comisión de Ambiente del Congreso liderada por Érick Martínez de UCN. Es un espacio integrado por 13 diputados que deberían dar un dictamen congruente con los criterios técnicos y jurídicos. De no tomar las decisiones correctas, podrían agravarse las condiciones ambientales y cambiar nuestro futuro, no precisamente en el buen sentido. Podría viciarse y entorpecerse la gestión de los recursos naturales de todos los guatemaltecos.

Nadie niega que los cambios son necesarios, pero siempre y cuando hayan sido consensuados con los diferentes sectores para que sean respetados y ejecutados adecuadamente. Al no haber sido discutidos ni analizados, pone en tela de duda si el rumbo es el correcto.

¿Y por qué hacer caso omiso a las experiencias de Brasil y Honduras cuando quisieron hacer funcionar un modelo similar? Dichos países lo intentaron sin fruto alguno, y tuvieron que deshacer lo hecho, debilitando de paso a sus instituciones que operaban anteriormente. Tiene que haber otra fórmula.

Quizás las intenciones en crear este superministerio hayan sido buenas porque nadie niega que los cambios son necesarios, pero sin el debido respaldo jurídico, científico y social es difícil conseguir los resultados deseados. Aún estamos a tiempo para dar marcha atrás, y con el tiempo buscar el apoyo de los sectores para fortalecernos de mejor forma. Elijamos lo que mejor convenga a Guatemala