A la luz de la Constitución y de las leyes referentes a la libertad de expresión y acceso a la información pública, cualquier alegato o declaratoria de supuesta confidencialidad de datos o documentos de la gestión pública para denegar ese derecho a la ciudadanía denota ignorancia supina de la ley o una dolosa intención de ocultar gastos, vínculos, amaños o discrecionalidades, si no es que ambas. La Carta Magna fija un par de excepciones: asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, en ninguno de los cuales encuadran recientes casos o intentos de secretismo.

El artículo 30 constitucional establece: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar”. El oscuro y desventajoso negocio de la compra de vacunas rusas Sputnik V, pagadas al contado, recibidas por abonos en desiguales contingentes y de las cuales caducó la mitad sin haber sido administradas, figura como el primer ejemplo de la nefasta práctica de declarar confidencial un asunto de interés público.

Los mismos argumentos oficialistas para tratar de evadir otros señalamientos ponen de manifiesto la inaplicabilidad del argumento. Estados Unidos donó al país millones de dosis de vacunas certificadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, pero al momento de presentarse requerimientos o preocupaciones sobre la lucha anticorrupción u otros aspectos, el Ejecutivo de inmediato pone el grito en el cielo con la justificación de soberanía. Esa misma soberanía quedó más bien de alfombra cuando un ente ruso que vendía las vacunas demandó confidencialidad sobre el contrato, que presentaba notables desventajas para Guatemala.

Ni siquiera el Ministerio Público, puntilloso para otros asuntos que involucran posible malversación de recursos —como debe ser— se ha movido para encausar a los responsables del amañado secretismo que a la vez incidió en las deficiencias de la campaña de vacunación. La Contraloría General de Cuentas exhibió en su informe las contradicciones y falacias del proceso sin que hasta el momento haya denuncia o proceso penal.

La ministra de Educación invocó la misma figura de confidencialidad para negociar un oneroso pacto colectivo con el dirigente magisterial Joviel Acevedo. Alzas salariales y ascensos sin las debidas exigencias de evaluación figuran en dicho trato, firmado a escondidas de la ciudadanía, pese a que de su bolsillo salen los millonarios recursos y a que es el futuro de sus hijos el que está en juego.

El Ministerio de Gobernación intentó censurar datos de incidencia criminal, bajo otro distorsionado argumento de confidencialidad, como si ocultar la información redujera en efecto la brutalidad de asesinatos, extorsiones y femicidios. Los avances conseguidos por la Policía Nacional Civil hasta 2017 han ido en retroceso, según evidencian las estadísticas de la institución, pero pese a todo constituyen un bien público sobre el cual se analizan realidades, decisiones y nuevas políticas. Finalmente se dio marcha atrás en tal despropósito, lo cual refrenda la necesidad de potenciar la cuentadancia como método y la transparencia de la gestión gubernamental como norma. Todo mutismo o secretismo es abiertamente ilegal, pero además tiene un grave sustrato de inmoralidad que contradice cualquier declaratoria de axiologías seudoconservadoras. En todo caso, bien lo dijo el propio Salvador: no hay nada oculto que no llegue a saberse.