APG condena agresión contra periodistas por parte de agentes de la PNC y exige al MP que acelere la investigación
Dos periodistas fueron agredidos por agentes de la PNC en Escuintla por haber documentado un supuesto abuso de autoridad contra un grupo de mujeres.
16/06/2022 22:31
Fuente: Prensa Libre
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó este jueves 16 de junio la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de los reporteros Carlos Enrique Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, y Robin Ortega, de Relax TV, este último consignado a los tribunales de justicia por haber documentado un supuesto abuso de autoridad por parte de los policías en contra de un grupo de mujeres.
Mediante un comunicado, la entidad de prensa señala que “la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa repudian la detención arbitraria del periodista Robin Ortega, integrante de Relax TV de Escuintla, cuando documentaba un posible abuso de autoridad por parte de la Policía, en la detención de un grupo de mujeres que habían participado en una manifestación en contra de la Municipalidad de Siquinalá, por el manejo de los desechos”.
El documente refiere que la mañana de este jueves, un grupo de vecinos bloqueó el paso hacia un vertedero en rechazo a que la municipalidad continúe depositando desechos en ese lugar.
Agrega que “después de que el paso fuera liberado, un autobús con mujeres se retiraba del lugar, pero la Policía lo detuvo y arrojó bombas lacrimógenas a su interior, aparentemente porque las mujeres los insultaron”.
“En uno de los videos que circula en redes sociales se observa cuando la Policía, en su mayoría hombres y agentes antidisturbios, jaloneaban y colocaban esposas por la fuerza a las manifestantes. Dentro del bus también iban menores, que resultaron afectados por los gases. En el lugar se encontraban miembros de la Inspectoría General, quienes no hicieron nada por evitar los abusos o la aprehensión del periodista”, refiere la APG.
Añade que “Ortega tomó videos e imágenes del accionar de la Policía, lo que causó el malestar de los agentes que sin advertencia lo esposaron, jalaron y tiraron su cámara al suelo, la cual resultó con daños. Durante la agresión, los oficiales también le rompieron la playera. La Policía justificó que el periodista, supuestamente, había golpeado a una mujer policía, aunque no existían pruebas de estas acusaciones”.
El comunicado de la APG señala que “la Policía también intentó detener a Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, quien también documentó los abusos de los agentes, quienes incluso quisieron impedir que Paredes se acercara a la patrulla donde tenían esposado y boca arriba a Ortega”.
También agrega que “el comunicador fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Santa Lucia Cotzumalguapa. La audiencia de primera declaración se programó para el martes 21 y el periodista fue enviado a uno hospital, donde permanecerá hasta ese día”.
“La detención de Ortega es una muestra más de la intolerancia y la campaña de persecución que existe hacia la Prensa y las voces críticas al Gobierno. Este acto es un patrón repetido en los últimos años, mediante el que funcionarios y operadores de justicia pretenden silenciar por medio de la cárcel a los comunicadores que documentan abusos de poder, actos irregulares o temas trascendentales como la violación a derechos humanos”, dice la APG.
“Exigimos a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, que acelere las pesquisas en contra de los agentes involucrados en esta agresión, como lo ha hecho con los actos de criminalización y procesos fabricados para perseguir a los periodistas y críticos del presidente Alejandro Giammattei”.
Concluye con que “alertamos nuevamente a la ciudadanía, a la comunidad internacional y los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, sobre las pocas garantías para la libertad de expresión y la indefensión de los periodistas, ante un sistema de justicia cooptado en su totalidad por la Presidencia, el Congreso de la República y actores afines a estos, interesados únicamente en procurar impunidad en casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes del pasado, cometidos por las dictaduras militares”.