“Nos comprometemos a convertir en derecho positivo y vigente las normas contenidas en la Convención Americana contra la Corrupción, de la cual Guatemala es signataria”, fue el compromiso declarado y firmado en la llamada Agenda Nacional Compartida, acordada en 2003 por los 24 partidos políticos existentes en aquel momento, en el tramo final del nefasto gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, encabezado por Alfonso Portillo. Los casos de saqueo y desvío de fondos públicos fueron escandalosos y a ello obedeció tal diálogo. Actualmente sobreviven cinco de aquellos partidos y existen otros integrados por herederos de los extintos, a causa de escisiones, reyertas y camuflajes, incluyendo al propio eferregismo y sucedáneos.

En dos décadas poco se ha avanzado en cuanto a los puntos torales de aquella agenda, que a la larga terminó siendo una declaración políticamente correcta y maquiavélicamente hipócrita de las prioridades de estos grupos. Prueba dolorosa de ello es la ausencia de una política de desarrollo integral coherente en los cinco últimos períodos presidenciales, seis, si se cuenta el breve interregno de 2015. Las autoridades presumen de más recursos destinados a ministerios como Salud, Educación y Comunicaciones, pero las carencias hospitalarias persisten, el fracaso escolar continúa y la mediocridad vial sale hoy más cara que nunca.

Pero no solo ha sido responsabilidad del Ejecutivo: la misma cantidad de legislaturas han fracasado sonoramente en la creación de una renovación normativa, comenzando por nuevas leyes referentes al servicio civil, las compras y contrataciones del Estado, la modernización aduanera, gobierno electrónico, rendición de cuentas en tiempo real y guerra a la corrupción; los conflictos de interés y dinero sucio en política.

Guatemaltecos que estaban naciendo en aquellos días de relativo optimismo por la firma de un gran acuerdo de país han crecido escuchando de sucesivas decepciones de cada partido, o más bien de cada partida de allegados que accede a las instancias del Estado a través del voto popular atraído a fuerza de recetas mercadológicas y, últimamente, con timos propagandísticos de redes sociales, de los cuales se ufanan los “estrategas”, que se mofan así de la dignidad del ciudadano.

Guatemala está a un año de las elecciones generales de 2023. Es urgente que cada aspirante a un cargo se porte serio y renuncie a ser un embaucador más. El hartazgo ciudadano crea riesgos de caer en precipicios de populismos y demagogias aún peores, así lo exhiben las elecciones previas en este país y en otros. Se necesita, no de mítines bullangueros ni de rifas de electrodomésticos, sino de un nuevo acuerdo político que mueva al próximo Congreso más allá de pactos convenencieros.

Por cierto, están en cuenta regresiva las fidelidades compradas del actual pacto oficialista. Cada integrante empieza ya a publicitarse invitando a la afiliación, pero el ciudadano sabe a quién han servido de bisagra o de alfombra desde 2020. El partido de gobierno intentará colarse en las preferencias, acaparar alcaldías, esgrimir excusas y ocultar desmanes, pero sus aleros estarán tratando de salir de su sombra. Aflorarán tratos, presiones e infidencias, pero será difícil desligarse de la vergüenza de los despilfarros, de los bolsones de gastos opacos y de la constante indiferencia hacia las necesidades públicas más sensibles. Para superar 20 años de incumplimientos hará falta una propuesta coherente, interpartidaria, con acuerdos mínimos pero vinculantes. Los politiqueros no deben subestimar la inteligencia ciudadana nunca más.