En el 2003, tras la devastadora huella corrupta del gobierno eferregista, Prensa Libre hizo un sondeo cualitativo entre ciudadanos, sobre lo que requerían de las siguientes autoridades, y la respuesta fue unánime: honestidad. Casi dos décadas después, no es difícil deducir que la expectativa de comportamiento de partidos y dirigentes políticos está aún centrada, y quizá con mucho mayor ahínco, en ese simple pero fundamental valor, que ciertos politiqueros, habituados a los clientelismos y los tráficos de favores, han ignorado.

En efecto, al observar el espectro partidario vigente existe toda una serie de enunciados, aparentemente definitorios, pero en la práctica ambiguos: “centro derecha”, “republicano progresista”, “economía libre con sentido social”, “izquierda, “centro”, “democrático progresista”, “derecha progresista”, “centro derecha”, “conservador liberal”, “conservador clásico”, terminologías que a la larga poco dicen a los electores, debido a la multiplicación de organizaciones, a la disgregación tránsfuga de viejos partidos desaparecidos o en vías de ser suprimidos.

La Constitución de la República de 1985 y la Ley Electoral dejaron puertas abiertas a la organización política, debido a las duras décadas de cuasidictaduras militares y a la proscripción de movimientos que no fueran en la línea dura de las mismas. Se buscaba mayor participación y pluralismo, pero de aquellas buenas intenciones han pasado ya más de tres décadas y media. El efecto ha sido la proliferación de agrupaciones y, por lo tanto, de candidaturas que difícilmente logran ponerse de acuerdo alrededor de una visión de Nación, que es, a la larga, lo más importante. La polarización inducida durante los dos últimos períodos no ha contribuido a esbozar una agenda mínima.

Es previsible que en las elecciones por celebrarse dentro de un año participe una treintena de partidos. Bancadas coaligadas del Congreso se han encargado de cerrar el espacio a la participación de comités cívicos o a la apertura de los listados de diputados, so pretextos supuestamente constitucionales pero que en realidad solo obedecen a sus afanes de prolongar las negociaciones de curules. El mismo Tribunal Supremo Electoral ha pasado a ser un ente utilitario, al no tener la suficiente entereza para suprimir a partidos vinculados con financiamientos oscuros y narcotráfico, siempre con excusas legalistas pero a todas luces inmorales.

Ante este escenario queda en manos de la ciudadanía, una vez más, la difícil tarea de definir su voto para alcaldías, presidencia y diputaciones, por listado nacional y distrital, en un amplio cartón de lotería. Las susodichas definiciones ideológicas quedan invisibilizadas al momento de las conveniencias, tal como lo exhibe la aún vigente alianza oficialista, integrada por partidos que en tiempos electorales claman otros fines, valores y prioridades. No tarda en romperse el entente que hasta ahora le ha dado carta libre al partido de gobierno para sus designaciones, transferencias y puntos resolutivos anodinos.

Esta circunstancia no exime de responsabilidad a la ciudadanía; por el contrario, representa un desafío mayor de informarse y auditar los discursos y acciones de personajes políticos que suelen vestirse con piel de oveja conservadora, aunque sus acciones y deshonestidades, manifiestas u ocultas, vayan en contra de los supuestos idearios que pregonan. La participación de los jóvenes es vital, pero más de un millón y medio de ciudadanos de 18 a 22 años siguen fuera del padrón electoral. Para ellos y el resto de guatemaltecos hay tiempo para participar, analizar y auditar —y castigar— las incoherencias entre discurso y acción.