La semana pasada el Cacif manifestó su postura respecto de la necesidad de hacer cambios urgentes relacionados con las elecciones y se une a la creciente ola de comentarios de todo tipo sobre el negro futuro por posibles comicios amañados. La postura de la entidad es difícil a lo interno, porque debe representar los criterios compartidos sobre el tema por sectores empresariales tan diversos como los industriales, agrícolas y financieros, todos con intereses legítimos, pero muchas veces contradictorios. La unidad de la institución se intuye cuando se le ve y analiza desde fuera, pero a lo interno no es así, lo cual ocurre en casi todas las instituciones nacionales, además de las económicas. Ya no solo se deben pedir acciones: es hora de decir cuáles y cómo lograrlas.

La intención de tratar de recoger todos los criterios tiene dos efectos. El primero ocurre por un atraso a causa de la velocidad vertiginosa de la información para señalar los males de gobiernos dirigidos por politiqueros. Esto provoca un desfase temporal en las declaraciones y se pueden interpretar como efecto de la presión de otros sectores, en especial los analistas profundos y los de coyuntura. No se puede hacer aquello, a mi juicio, más importante: predicciones de consecuencias al no hacerse lo solicitado, y esto a su vez necesita basarse en la realidad y en la necesidad de señalar efectos negativos para toda la sociedad, no solo para el puramente institucional del gran sector privado organizado del país. No es algo tan complicado como podría parecer.

El segundo efecto es quedarse en ideas, no en práctica. Cuando se piden cambios, este concepto no significa necesariamente lograr mejoras de ningún tipo, tal vez empeoramiento del país y con ello la calidad de vida del ciudadano. En los últimos años se ha afianzado con toda evidencia la idea de ver a la empresa privada como un elemento social cuyo servicio no debe reducirse a las utilidades —necesarias, por supuesto— y esto se relaciona con las críticas tradicionales, basadas sobre todo en un percibido y aparente acuerdo de la institución con los grandes factores de poder fáctico. Este se puede ejercer sin con ello reducirse a un pequeño grupo de personas, quienes por su parte creen en la necesidad de ser el emprendimiento individual un elemento básico.

Al hacer peticiones directas y claras es indispensable señalar cómo debe hacerse algo, pues solo el qué es insuficiente o, mejor aún, qué no debe hacerse: al hacerlo se toma una posición, se arriesga al error. El pasado es un gran maestro para identificar decisiones equivocadas y el presente lo es para entender los cambios sociales y la imposibilidad de lograr el retroceso histórico, esfuerzo cuya falla ha sido una constante invariable. El Cacif tiene dentro de su equipo de trabajo a conocedores no solo de economía, sino también de política en lo teórico. Ojalá los tenga también para descubrir la necesidad de no ver a lo político como efecto de lo económico, sino al revés, o al menos una combinación de ambas en iguales proporciones. Así podrá confiarse en nuevos resultados.

La gravedad de la crisis del país es efecto del despiadado y violento asalto a las instituciones del Estado para destruirlo con el abuso al sistema republicano, y democrático y funcional, hoy ausente. No solo se necesita cambiar la ley electoral; también las actitudes, como eliminar la desunión producto de egos de mentes ensombrecidas e individualidades malsanas. Se necesita seguir señalando a la corrupción como el motor de la desesperación causante de un lanzamiento al abismo político, por rabia. Es hora de buscar coincidencias, no razones para la separación, pero sobre todo de hablar no solo claro, sino con la necesaria velocidad para mantenerse en la jugada de un partido futbolero cuyos árbitros ya no son de confiar, como ellos mismos gozan en demostrar.