El miércoles 19 de noviembre cobrará vigencia el acuerdo legislativo que convoca a integrar postuladora para definir la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2026-2031, de los cuales el Congreso elegirá titulares y suplentes. Este proceso debe concluir antes del 20 de marzo, cuando fenecen los cargos de la actual magistratura. Con este trámite se da inicio al primero de los procesos de la inédita confluencia de sucesiones institucionales en Guatemala. Además de los magistrados electorales, habrá elección de fiscal general, Corte de Constitucionalidad y contralor general de Cuentas.

El próximo TSE será responsable de organizar los comicios generales de 2027, en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones se ha ido erosionando. De hecho, el TSE mantenía cierta credibilidad, pero el asedio del Ministerio Público en contra del proceso electoral 2023 —que todavía tuvo una intentona a finales de octubre— ha contribuido a debilitarlo. Cuatro titulares del actual tribunal continúan suspendidos desde 2023 por un proceso judicial por supuesta sobrevaloración del sistema de resultados preliminares. A pesar de que fueron desaforados por el anterior oficialismo legislativo en diciembre de 2023, la Fiscalía no ha logrado probar su acusación y los magistrados no han sido restituidos, por dilaciones y secretismos procesales.

Sedes del TSE fueron objeto de allanamientos, incluido el secuestro de actas y papeletas, con desplante de fuerza, que a la larga no condujo a nada. Se han dado ciertas condenas, por aceptación de cargos, en algunas inscripciones partidarias, pero nada más. En todo caso, el próximo TSE tendrá la misión de recuperar la dignidad y la credibilidad, para lo cual necesita una magistratura impecable.

El país no puede permitirse pifias que debiliten la misión de la postuladora, que estaría presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, figura opaca que llegó al cargo en 2021 tras una serie de irregularidades y exclusiones, y quien actualmente aspira a ser reelegido, al eludir o estorbar la renovación democrática del Consejo Superior Universitario, que posee múltiples extemporaneidades ilegales. Sus acciones, omisiones y nexos lo hacen no idóneo, y varios sectores han declarado que observarán cada paso del proceso para atajar intentos de dilación o interferencia indebida.

La presidencia debe definir el cronograma y las exigencias del proceso, con reglas claras y los más altos estándares éticos. La postuladora debe regirse y dirigirse bajo criterios profesionales, libres de sesgo o conflictos de interés. La postuladora se debe asegurar de calificar los expedientes de aspirantes, y verificar que cuenten con la solidez académica necesaria, el ejercicio profesional suficiente y méritos de servicio verificables. Y, en la base de todas estas calificaciones, está el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, que nunca más debe ser eludido.

La misión del próximo TSE no es solo organizar elecciones. Es reconstruir confianza. Es garantizar que la voluntad popular se respete, y esto empieza por fiscalizar al detalle las finanzas de partidos y campañas. Hay alcaldes, exalcaldes, presidenciables y excandidatos extraditados o condenados por narcotráfico, que llegaron con obvios apoyos. Diputados han planteado ominosos cambios a la ley electoral para debilitar la fiscalización y, por ende, al TSE: tal pretensión solo merece repudio. En todo el país se necesita un TSE eficiente, y por eso la labor de los postuladores, sus vínculos y conductas estarán bajo la lupa.