La Cancillería de Nicaragua, en una reciente nota dirigida al presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), expresó que el gobierno nicaragüense “transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la CCJ, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la CCJ a partir de la fecha”.

La denuncia del Convenio del Estatuto de la CCJ es la declaración unilateral de un Estado parte, en ejercicio de su soberanía, por la que decide retirarse de dicho convenio internacional y desvincularse jurídicamente del mismo.

Nicaragua justifica su denuncia en que: 1) La CCJ solo ha estado integrada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, por lo que no ha logrado cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional; 2) el Estatuto y Reglamento de la CCJ no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que, contra toda lógica, la CCJ está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, al cual se adhirió Belice, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica); y 3) la CCJ también está sometida a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto de la CCJ, no han expresado su voluntad de adherirse a la CCJ o a países que no forman parte de dicho Estatuto.

La CCJ quedó establecida en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (Odeca) de 1991; y, asimismo, quedó constituida y organizada mediante la normativa del Estatuto de la CCJ y demás ordenanzas, reglamentos y resoluciones que emita la CCJ.

A la luz de dicho Estatuto, la CCJ es el órgano judicial principal permanente del Sica, siendo su jurisdicción y competencia regionales de carácter obligatorio para los Estados. Además, garantiza el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Odeca, así como de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.

La CCJ, según el Estatuto, representa la conciencia nacional de Centroamérica y es depositaria y guardiana de los valores de la nacionalidad centroamericana. Tiene jurisdicción y competencia propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada. Su doctrina tiene efectos vinculantes para los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el Sica, así como para los sujetos de derecho privado.

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se han adherido al Estatuto de la CCJ, en tanto que Panamá, República Dominicana y Costa Rica no. Guatemala se adhirió en 2008, aunque no ha designado magistrados. La sede de la CCJ está en Managua, Nicaragua.

La denuncia de Nicaragua está en secuencia con la protesta de Nicaragua en contra de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, por no designar a Denis Moncada, excanciller de Nicaragua, como secretario general del Sica, así como con la opinión consultiva solicitada a la CCJ por Nicaragua, sobre la negativa a convocar a la elección del secretario general del Sica.

Sin duda, esta denuncia es otro síntoma de la desinstitucionalización del Sica. La crisis migratoria, la ausencia de consensos sobre la institucionalidad regional, la ineficacia y escudo de impunidad del Parlacén, la deriva autoritaria y antidemocrática en Centroamérica, la incidencia de la delincuencia organizada transnacional en la región y la potencial expulsión de Nicaragua del DR-Cafta son otros factores desestabilizadores del Sica.