El 20 de abril pasado, fiscales del Ministerio Público localizaron 96 indicios, entre ellos balísticos, en una cevichería ubicada en la 18 avenida y 8a. calle de la zona 6 capitalina. En ese lugar, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha acribillaron a seis personas e hirieron a un niño de cinco años que estaba con sus padres.

Según la policía, los casquillos y las ojivas fueron analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y dio origen a una pesquisa contra miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ese hallazgo abrió una segunda investigación. La primera era dirigida por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas por la muerte de seis personas, entre ellas Noemí Sinay Hernández, presunta integrante del Barrio 18, y su acompañante. La segunda investigación fue asignada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado por supuestos robos en la policía.

Las pesquisas llevaron a identificar a cuatro agentes de la PNC como presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al robo y la venta de municiones.

Fuentes de la Inspectoría General de la PNC dijeron que se identificó a los principales sospechosos de pertenecer a la estructura criminal que operaba dentro y fuera de la institución. Se trata de los agentes Edgar Francisco Padilla Guerra, Maynor Fredi Reyes Ruiz, José David Ramírez Jerez y Willy Josúe García Montepeque. Además, identificó a Mario Antonio Barrera Escobar, Oscar Humberto Paz Gudiel y Oscar Daniel Paz Lima, quienes habrían sido el enlace para la venta de las municiones robadas de la PNC.

Por la supuesta venta y robo de municiones de la PNC, se ordenó la aprehensión contra esos siete presuntos integrantes de la estructura criminal y el 30 de septiembre se llevaron a cabo allanamientos en la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), la Comisaría 15, ubicada en Villa Nueva, y en inmuebles de Jutiapa.

De acuerdo con informes de la PNC, una octava persona fue detenida en flagrancia e identificada como Edgar Padilla Chavarría. El MP señala a los cuatro policías y a los cuatro civiles por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes, encubrimiento propio, peculado por sustracción y venta ilegal de armas y municiones.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron un fusil, una escopeta, cuatro pistolas, tolvas, municiones, dinero en efectivo y droga.

Los ocho aprehendidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde el juzgado de turno y el Juzgado Tercero Penal les dieron a conocer el motivo de su detención. La audiencia de primera declaración fue programada para el 14 de octubre. El caso se encuentra bajo reserva.

Los investigadores dijeron que revisarán los expedientes de los ataques armados ocurridos en el país, la mayoría vinculados con la pugna por el narcomenudeo entre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, para determinar si las municiones robadas a la Policía coinciden con las utilizadas en otros hechos armados.

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Mingob dice que no tolerará a los malos agentes

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, explicó durante una conferencia de prensa que Inspectoría General de la PNC ya tenía conocimiento de la sustracción de las municiones y dieron acompañamiento a la investigación.

“Hemos detectado una sustracción de munición en la Dirección de Protección a Personalidades y Seguridad. De esa cuenta, los allanamientos que hemos realizado en compañía del Ministerio Público el día de hoy en la DPPS ha dado como resultado la captura de cuatro miembros de la Policía Nacional Civil”, dijo el funcionario.

La PNC dijo que reitera su apertura y apoyo a los requerimientos de las autoridades competentes. La transparencia y el apego irrestricto a la ley son principios no negociables en el ejercicio de la función policial.

“Cero Tolerancia a la Corrupción: Reiteramos con firmeza que no se tolerarán actos ilícitos ni comportamientos que menoscaben la dignidad y el prestigio de nuestra institución. Cualquier elemento que se aparte del marco legal será puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, además del inicio de los procesos administrativos y disciplinarios respectivos”, indicó en un comunicado.

Agregó que respalda a los agentes que portan el uniforme con honor, ética y dedicación y se han emitido directrices para velar por que la labor de los buenos policías sea respetada y protegida en todo momento.

“Mantenemos firme nuestro compromiso de trabajar con amor, transparencia y vocación de servicio por la seguridad y bienestar de la población guatemalteca, fortaleciendo día a día una institución digna del orgullo nacional”, añadió.