Según José Giovani Martínez, viceministro de Política de Defensa y Planificación, del Ministerio de la Defensa, ya se cuenta con los planos de la nueva cárcel prometida por el presidente Bernardo Arévalo, luego de la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de Fraijanes 2.

El 12 de octubre pasado, Arévalo anunció que el proyecto estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que se prevé su finalización en 12 meses. Martínez afirmó que la obra estará lista un año después de la asignación presupuestaria y estima que el penal de máxima seguridad se construirá por Q1 mil millones 400 mil.

“Ya se hicieron estudios de cárceles de máxima seguridad en países como Alemania, Chile e Italia. La de Alemania es una de las que está en funcionamiento actualmente”, comentó el funcionario durante una citación con el diputado José Chic.

El viceministro explicó que para iniciar la primera fase de la obra se necesitan Q450 millones, pero desconoce cuándo el Ministerio de Finanzas hará el traslado del dinero.

Chic preguntó a los ministerios de Gobernación y Finanzas si existía una solicitud para trasladar fondos para iniciar la obra. Ambas carteras indicaron que no habían recibido ninguna petición por parte del Ministerio de la Defensa.

Martínez aclaró que los Q1 mil millones 400 mil que ejecutará el Cuerpo de Ingenieros cubrirán únicamente la obra gris; el equipamiento quedará a cargo del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario.

Agregó que está planificado contratar a 577 personas en el renglón 032 y a otras 480 en el 022. Además, 97 expertos de la institución colaborarán en la construcción.

El viceministro reafirmó que concluirán la cárcel para dos mil privados de libertad en 12 meses, a partir de la asignación presupuestaria.

“Ya se ubicó el terreno; faltan los estudios de suelo para comenzar la construcción del penal”, añadió.

El funcionario aseguró que el penal estará diseñado para evitar el contacto entre los guardias y los reclusos.

“La gente lo que quiere es un Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador— en Guatemala”, expresó Chic.

Martínez respondió que también se analizaron los modelos del Cecot y que el que se construirá en Guatemala “será mejor”.

La promesa del Gobierno de mejorar las cárceles

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, prometió durante su gestión mejorar las cárceles del país y construir un centro de máxima seguridad. En los 22 meses que estuvo al frente de la cartera, inauguró Renovación 1, un proyecto que ofrecía acabar con los privilegios de los cabecillas de estructuras criminales recluidos en los penales del país. Sin embargo, nueve meses después, pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 destruyeron el circuito de cámaras y obtuvieron comodidades dentro de esa cárcel.

El 12 de octubre pasado, Arévalo retomó su discurso de reformar el sistema carcelario con la construcción de una prisión de máxima seguridad, así como trabajos de reforzamiento y modernización en los centros penitenciarios actuales, con el objetivo de recuperar el control institucional y evitar que sigan funcionando como “universidades del crimen”.

La segunda cárcel que estaría por construirse

El 21 de octubre, los diputados del Congreso de la República aprobaron la Ley Antipandillas, con el objetivo de combatir a las maras y construir una nueva cárcel de máxima seguridad. El decreto 11-2025 aún está pendiente de ser sancionado por el gobernante.

La cárcel de Masagua, Escuintla, sigue pendiente

Desde el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se prometió la construcción de una cárcel de máxima seguridad. El penal en Masagua, Escuintla, fue retomado por la actual administración; sin embargo, el Ministerio de Gobernación informó el 30 de junio pasado que el proyecto se encuentra retrasado debido a procesos administrativos y a los costos, e incluso se analizan otras opciones de terreno para su construcción.

En esa ocasión, la cartera del Interior explicó que se busca edificar una cárcel de máxima seguridad y que se da seguimiento al proyecto adjudicado a finales del 2023, mediante un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, desde ese año los costos de construcción han aumentado.