Ciertos diputados nos están desgastando, tirando al aire iniciativas que no conducen a nada bueno en Guatemala. Se trata de todo un paquete de iniciativas que lloran sangre. Las 6054, 6055, 6021 y 5923 tienen tremendos desatinos. Sin bases técnicas, jurídicas y solidez lucen creadas de forma improvisada y levantan sospecha de por qué las han enhebrado unas con otras en forma de paquete.

Si se aprueban estas iniciativas de ley, saldremos todos afectados. Con la 6054 se romperá la institucionalidad y saldrán perjudicadas las áreas protegidas y quienes trabajan a favor del medioambiente, incluyendo concesionarios forestales. Además, quienes poseen reservas privadas y personas que poseen hoteles, negocios o chalets en las playas o lagos, ya que al tomar el MARN un total control de Ocret podrá accionar con absoluta discrecionalidad y libertad para hacer de las suyas. No se diga que se quebrantan nuestros tratados de libre comercio con EE. UU y la Unión Europea, con consecuencias gravísimas.

Las iniciativas de ley 6054 y 6055 repercuten de forma exponencial en las comunidades indígenas, pues con ellas se limitan los pocos espacios de participación de la sociedad civil, especialmente dentro del honorable Consejo del Conap. Sin Conap quedarán nulos los compromisos previos con grupos indígenas y comunidades, y ya no habrá más contrapesos, dejando con absoluta discrecionalidad las decisiones sobre el manejo de bosques, agua y biodiversidad al ministro de Ambiente, a quien eventualmente podríamos elegir como “rey”.

La 6055, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, da derechos a la industria extractiva para que pueda operar sin contar con estudios de impacto ambiental por cuatro años, con la reducción de multas. Mientras tanto, el daño ambiental sería irreversible, sin contar la presión ejercida hacia los pueblos indígenas y sus territorios.

La 6021 pareciera conectada con la 6055, vuelve a abrir la puerta para la explotación petrolera en Guatemala, otorgando por 25 años más la explotación a Perenco en Petén, entre otras. Pretende aprobar reformas a la Ley de Hidrocarburos, decreto ley # 109-83. Salta a la vista en los informes que el contrato termina el 12 de agosto de 2025 y en ningún lugar se habla de que sea retroactivo y pueda renovarse.

El informe tiene un apartado de “Responsabilidad ambiental y medio ambiente”, pero no se menciona que dicha explotación petrolera se encuentra en zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya. Ni siquiera menciona la obligatoriedad de contar con un estudio de evaluación del impacto ambiental. Ninguno de los dictámenes jurídicos hace un análisis de los evidentes vicios de inconstitucionalidad de dicha reforma.

Según el informe, se muestra la incongruencia de pretender reformar de nuevo una ley para prorrogar un contrato de forma incorrecta y transgrediendo la legislación vigente. No obstante, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso ya dictaminó a favor de la iniciativa 6021. Ahora el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá ampliar prórrogas a las operaciones petroleras. ¿Son prórrogas válidas?

La 5923, según autoridades indígenas, busca privatizar el patrimonio cultural, haciendo de los sitios arqueológicos un negocio. Siendo estos sitios sagrados de los pueblos indígenas, quienes hayan formulado la iniciativa tienen un total desconocimiento de la cosmovisión y espiritualidad maya, lo que se presta a una fuerte oposición.

Estamos frente a un tablero de ajedrez, donde la piezas claves se están moviendo para ahorcarnos, por lo que, si no estamos alertas, podemos ver pronto nuestro jaque mate.