Sin caer en estereotipos o victimismos, los migrantes guatemaltecos deportados al país desde Estados Unidos se enfrentan a una realidad que poco ha cambiado desde que se marcharon, excepto en algunos aspectos en que se ha deteriorado aún más debido a las traiciones, negligencias y negocios sucios de las politiquerías municipal o nacional. Basta oír las mismas peroratas absurdas, divagaciones populistas y poses mesiánicas de toda fauna de aspirantes a cargos, ya sean perfiles ultrarreciclados o noveles lobos famélicos disfrazados de oveja.

El retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos rebasa las predicciones de campaña y ha empezado a espantar incluso a sus votantes. Y si el mandatario de la superpotencia trata con desdén a sus propios vecinos, aliados y socios comerciales para chantajearlos, ¿qué no hará con los migrantes indocumentados, aunque sean trabajadores eficientes y dedicados? Ni siquiera el clamor de empresarios agropecuarios de varios estados refrena la agresiva política migratoria de expulsión que, paradójicamente, aún no alcanza las cifras del gobierno de su antecesor, Joe Biden, ni tampoco las de su primer período ni las del octenio de Barack Obama.

Y se menciona la perspectiva del tiempo porque en la última década, en cifras redondas, las deportaciones superan fácilmente el medio millón de guatemaltecos. Algunos intentan retornar, quizá bajo la presión de deudas de tratantes o por la simple falta de fuentes de trabajo, planes efectivos y masivos de reinserción laboral o de un capital para emprender negocios en su comunidad. Otro porcentaje quizá se queda a luchar junto a su familia, pero de tales destinos no existen estadísticas gracias a la vieja disfuncionalidad e ineficiencias de entes como el Consejo Nacional del Migrante, que gasta más en plazas que en programas reales.

El sector privado guatemalteco ofrece unas dos mil plazas laborales que podrían ser ocupadas por retornados; sus habilidades adquiridas, como el dominio del inglés o el aprendizaje de oficios técnicos, pueden convertirlos en elementos de transformación e innovación en industrias. Pero su contratación está varada, porque el Instituto de Migración no los ha “perfilado”. Quizá algunos connacionales no estén interesados, pero ni siquiera eso han podido confirmar. Dicha entidad no debería ser la única encargada de construir esa base de datos. Suena más a una tarea para el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), que usualmente argumenta su ausencia en EE. UU. con el pretexto de atender a retornados y de impulsar el “freno” a la migración, supuestamente.

Existen en el país varias iniciativas no gubernamentales de capacitación y reinserción productiva de guatemaltecos retornados. Son pequeñas, pero funcionales. Tales esfuerzos personales y comunitarios deberían recibir más apoyo: primero, porque evidentemente conocen más del tema que muchos burócratas; segundo, porque han funcionado sin tener que crear plazas fantasmas, ni gastar en vehículos oficiales, ni en viáticos, ni depender de politiquerías estultas; tercero, porque sería lo más lógico, sensato y eficaz (pero esas palabras no le funcionan a la retahíla de charlatanes clientelistas).

No solo se trata de crear una cifra de plazas para los retornados, sino también de generar oportunidades para los más de 120 mil jóvenes graduandos de diversificado que se suman al mercado laboral. La promoción de campos como el ecoturismo, el emprendimiento de negocios y servicios, incluso tecnológicos o de comunicación, deben figurar en el plan de posibilidades. Pero, para ello, se necesita de carácter y agilidad a fin de emprender los cambios de infraestructura, certeza jurídica y seguridad pública, cuya carencia originó la migración forzada.