Para la mayoría, los recortes fiscales promulgados por el presidente Donald Trump en el verano aún no se han materializado. Solo después de que los estadounidenses presenten su declaración de impuestos el próximo año se evidenciará el ahorro, lo que los republicanos esperan que se traduzca en un “boom de devoluciones” que eleve la percepción pública sobre la economía.

Muchas de las principales empresas estadounidenses no han tenido que esperar. En los meses posteriores a la aprobación de la ley, en julio, compañías como Walmart, Amazon, Verizon y Eli Lilly han informado que la normativa reducirá sus pagos fiscales en efectivo a corto plazo. AT&T Inc. proyectó un ahorro de hasta 2,000 millones de dólares en impuestos solo en este año.

Estos ahorros ya han comenzado a repercutir en el presupuesto federal. Entre julio y noviembre —el último mes completo con datos disponibles— los ingresos procedentes del impuesto corporativo cayeron aproximadamente un tercio, es decir, 52 mil millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Departamento del Tesoro.

El ahorro de efectivo no proviene de un cambio en la tasa del impuesto a las empresas, que los republicanos mantuvieron en 21%, sino de una serie de exenciones fiscales que permiten a las compañías reducir el monto de sus ingresos gravables. En lugar de amortizar gradualmente los costos de nuevas inversiones o proyectos de investigación, ahora pueden deducir el monto total en un solo año.

Ese ajuste técnico en el periodo de amortización fue el resultado de años de cabildeo empresarial en Washington. Previamente, algunas empresas podían deducir ciertos costos de forma acelerada, pero el Congreso dejó caducar esas exenciones. La nueva ley republicana las volvió permanentes y las amplió temporalmente para incluir fábricas cuya construcción inicie durante el segundo mandato de Trump.

“No hay duda de que estas disposiciones están proporcionando beneficios fiscales no solo a las corporaciones, sino a los negocios en general”, señaló Joseph Rosenberg, investigador principal del Centro de Política Tributaria. Añadió que estas políticas, en cuanto a incentivos fiscales corporativos, no suelen generar controversia entre los economistas.

“Jamás diré que haya consenso entre economistas, porque nunca lo hay, pero sí existe una amplia creencia de que, si se quiere fomentar la inversión a través del sistema tributario, estas disposiciones son la forma más eficaz y rentable de hacerlo”, apuntó.

El beneficio clave de estas exenciones es el valor temporal del dinero: un dólar hoy vale más que uno mañana. Por ejemplo, si una empresa compra computadoras, puede deducir su costo en el primer año, lo que reduce su factura fiscal inicial, aunque aumente en los años siguientes al no poder deducir esos costos de nuevo.

Este ahorro anticipado permite que las nuevas inversiones parezcan más rentables, lo que podría hacer viables proyectos que antes no lo eran. “Algunas inversiones que estaban justo en el límite de no ser rentables, ahora sí lo son, porque generan mayor retorno”, explicó Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation.

En teoría, esas inversiones podrían aumentar la productividad de los trabajadores, elevar los salarios y beneficiar a la economía. Un estudio sobre la desgravación por inversiones, vigente durante varios años tras la ley fiscal de 2017, estimó que esta política podría impulsar el crecimiento económico en 1% a largo plazo.

Asimismo, permitir deducciones inmediatas por gastos de investigación y desarrollo puede motivar mayor inversión en innovación, con posibles beneficios tecnológicos. Estas deducciones estuvieron suspendidas por un tiempo para compensar el costo de la reforma fiscal de 2017, lo que llevó a algunas empresas a reducir inversión, desarrollo y recompra de acciones.

Sin embargo, otras políticas del gobierno de Trump han contrarrestado los efectos de las exenciones. Aranceles amplios han afectado los planes de inversión empresarial, y los recortes al gasto federal en investigación académica podrían frenar la innovación.

En su primer mandato, la reducción de impuestos impulsó a algunas empresas a otorgar bonos y aumentos salariales, un entusiasmo que no se ha repetido con esta nueva reforma.

Críticos sostienen que estas medidas incentivan acciones —como adquirir equipo o desarrollar tecnología— que las empresas ya realizarían. Las exenciones, con un costo estimado de 650 mil millones de dólares en una década, ayudan a las grandes corporaciones a reducir aún más su carga fiscal.

“Estamos entregando enormes sumas a las empresas para que hagan algo que ya iban a hacer; ese es el problema de la mayoría de incentivos fiscales”, dijo Matt Gardner, del Instituto de Política Fiscal y Económica. “Cuando las compañías invierten tanto en capital o I+D, pueden seguir postergando indefinidamente sus pagos tributarios”.

Algunas grandes empresas enfrentan límites para reducir su carga fiscal. Un nuevo impuesto mínimo corporativo, establecido bajo la administración de Joe Biden, exige que empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares paguen al menos 15% sobre las ganancias reportadas a sus inversionistas, lo cual podría reducir el impacto de las exenciones.

En su informe del tercer trimestre, Meta indicó que la nueva ley fiscal de Trump representaría una “reducción significativa” en sus pagos de impuestos en EE. UU., aunque también registró un costo adicional de 16 mil millones de dólares por el impuesto mínimo alternativo.

Algunos grupos empresariales han presionado al Departamento del Tesoro, que ya ha suavizado ciertos elementos de este impuesto, para que permita mayores deducciones por investigación. No obstante, un grupo de demócratas pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que no modifique el código tributario a favor de las corporaciones multimillonarias.

“Instamos al Tesoro a que no amolde aún más el código tributario en favor de las corporaciones multimillonarias”, escribieron en una carta.