Este tema lo comenté el 15 de diciembre de 2020, en mi columna de opinión de elPeriódico, pero lo reitero porque, lamentablemente, mantiene plena actualidad. Según el Diccionario de la lengua española, cleptocracia es el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. La enciclopedia libre, Wikipedia, describe cleptocracia (del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’ = dominio de los ladrones) como el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo institucionalizado de la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que los sectores del poder están corrompidos o cooptados, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico.

Conforme al precitado diccionario, la corrupción en las organizaciones es la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho particular de sus gestores. La corrupción es un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global, que se encuentra tanto en el sector público como en el privado. La corrupción suele implicar actividades ilegales o deliberadamente encubiertas, que solo salen a la luz a través de escándalos o enjuiciamiento, lo que hace que sea muy difícil de medir; por ello se contempla más bien la percepción de corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el ranking mundial de corrupción más utilizado en el mundo. Mide qué tan corrupto se percibe que es el sector público de cada país, que consiste en un índice compuesto que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas, que incluyen comportamientos corruptos como: soborno, desvío de fondos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en la administración pública, captura y cooptación del Estado, entre otros. Las fuentes de datos provienen de una variedad de instituciones acreditadas, incluidos el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

Transparencia Internacional (TI) publica desde 1995 el Índice de Percepción de la Corrupción que mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público de 180 países, en una escala de cien (percepción de ausencia de corrupción) a cero (percepción de muy corrupto), ordenándolos del menos corrupto al más corrupto. Ningún país ha obtenido una puntuación de 100. La evaluación de 2024 ubica a Dinamarca (90 puntos) y Finlandia (88 puntos) como los dos países menos corruptos, siguiéndoles Singapur, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Suecia (entre 84 y 80 puntos). Guatemala está en el puesto 146 (con apenas 25 puntos), al mismo nivel de Mozambique y Kirguistán; mientras que en los últimos lugares están Somalia (9 puntos) y Sudán del Sur (8 puntos).

Hace una década, los guatemaltecos nos sentimos indignados conforme se descubrían casos paradigmáticos de corrupción, pero una década después se pone en duda si realmente existe la voluntad política de terminar con este destructivo fenómeno, cuyos protagonistas medran tanto en el sector público como en el privado. Si todo va a seguir igual, tampoco habrá presupuesto público que alcance.

Además, así como existen los PEP (Personas Expuestas Políticamente), desde 2015 la banca guatemalteca registra los CPE (Contratistas y Proveedores del Estado), pero es insuficiente ante la ausencia de una justicia independiente, pronta y cumplida; peor aún, somos testigos de las luchas para cooptar las instancias jurisdiccionales, de fiscalización y de control del Estado.