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Congreso asegura no contar con fondos para saldar demanda de 30 trabajadores
Legislativo no cumplirá con sentencia judicial que ordena pagar aumentos salariales retroactivos a empleados antes del 17 de diciembre y lo realizará hasta el próximo año.
El Congreso de la República analiza las salidas que tendría para pagar una millonaria suma de dinero a 30 trabajadores que ganaron una demanda laboral este 2024, pero que no han podido pagar debido a que no cuentan con recursos financieros.
El Congreso de la República no cumplirá con la sentencia judicial que ordena pagar los aumentos salariales retroactivos a 30 trabajadores antes del 17 de diciembre de este año. Según su Dirección de Comunicación Social, los pagos se realizarán hasta 2025, amparándose en el artículo 74 Bis del Decreto 101-97, que permite programar estos desembolsos en el próximo ejercicio fiscal si no fueron presupuestados previamente.
La sentencia, emitida por una sala de apelaciones, exige al Legislativo compensar los aumentos no recibidos desde 2017, cuando se modificó la Ley de Servicio Civil del Congreso. Sin embargo, las autoridades legislativas argumentaron que este impacto financiero no estaba contemplado en el presupuesto 2025, lo que complica aún más su ejecución.
Aunque no se ha divulgado oficialmente el monto total a cancelar, se estima que asciende a varios millones de quetzales. Cada empleado afectado recibirá un monto variable, dependiendo de su salario base, que oscila entre Q10 mil y Q56 mil.
Por ejemplo, un trabajador que ganaba Q10 mil en 2017 tendría que recibir un retroactivo superior a Q137 mil, además de una nivelación salarial que elevaría su sueldo base a cerca de Q19 mil 500 en 2024. A esta cifra, se le sumaría un nuevo aumento del 10% en 2025, que se integrará a su remuneración mensual.
Los trabajadores beneficiados aseguran que esta demanda responde a la defensa de sus derechos laborales, argumentando que la normativa implementada en 2016 bajo la presidencia de Mario Taracena fue arbitraria e inconstitucional.
Por ahora, el Congreso sigue realizando análisis jurídicos y financieros para determinar cómo cumplir con la sentencia, mientras los afectados insisten en que el pago es un reconocimiento justo a lo que dejaron de percibir en años anteriores.
Por Bryan Choy