Propuesta de ley busca intervenir la CDAG ante denuncias de corrupción y falta de resultados

Poner fin a los “altos niveles de corrupción” en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)es el objetivo de la iniciativa 6690, Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado Guatemalteco, que analiza la Comisión de Deportes del Legislativo.

La propuesta, que ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Deportes, presidida por el diputado José Chic, y fue presentada por seis diputados del bloque Cabal, tres de la UNE e igual número de Viva, dos de Vamos, uno del bloque Winaq, al igual que Cambio y ocho diputados independientes, consta de cinco artículos y fue conocida por el pleno del Legislativo en enero pasado.

La iniciativa de ley pretende establecer un marco temporal de intervención para garantizar el uso transparente de los recursos públicos y fortalecer los procesos de selección y formación de atletas nacionales.

Según el documento, la propuesta surge en un contexto de crisis institucional y se fundamenta en que “existen señalamientos de falta de transparencia, deficiente ejecución presupuestaria y malos manejos administrativos dentro de la CDAG”. En los considerandos del proyecto de decreto se afirma que “la gestión de la Confederación ha llegado a niveles de corrupción que hacen inviable que Guatemala sea competitiva” y que el erario asignado ha sido “esquilmado por su dirigencia”.

Para rescatar el deporte federado, la propuesta plantea crear una Comisión Normalizadora. De acuerdo con el artículo 2, el presidente de la República deberá nombrarla mediante un acuerdo gubernativo, que tendrá que publicarse en un plazo máximo de cinco días después de la entrada en vigor de la ley.

Comisión normalizadora

El dictamen establece que la Comisión Normalizadora estará integrada por cinco miembros:un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. Para evitar conflictos de interés, el artículo 3 prohíbe que la integren personas que hayan formado parte del Comité Ejecutivo de la CDAG o hayan sido directivos de cualquier federación o asociación deportiva durante los últimos 15 años.

Además, sus integrantes deberán ser profesionales con experiencia deportiva demostrada, aunque podrán ser removidos si, a juicio del presidente de la República, incumplen el objetivo del decreto.

Según el artículo 4, la Comisión asumirá la representación legal de la CDAG y las atribuciones del Comité Ejecutivo y de la gerencia. También deberá formular e impulsar una nueva legislación ordinaria para el deporte nacional y presentarla al Organismo Ejecutivo en un plazo de un año.

El artículo 6 establece que la Comisión Normalizadora tendrá una vigencia máxima de cuatro años. Al concluir ese período, el Congreso de la República deberá haber aprobado un nuevo decreto legislativo para el deporte nacional.

Por último, el artículo 7 estipula que la ley se aprobará con carácter de urgencia nacional, para lo cual se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.

Corrupción y nepotismo en la CDAG

La diputada Karina Paz, una de las ponentes de la iniciativa, explicó que es necesario que la Comisión de Deportes del Congreso emita pronto el dictamen para terminar con la corrupción que, aseguró, existe en la CDAG.

La congresista ha denunciado la existencia de varias estructuras o “clanes familiares” dentro de la Confederación que, según sus señalamientos, se han dedicado a hacer “negocios” para desfalcar al Estado mediante la adjudicación de contratos a determinadas empresas. Entre estos figuran servicios de reparación de elevadores, mantenimiento de instalaciones deportivas y trabajos relacionados con la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

“Estas personas han contribuido al robo millonario que se ha dado en el negocio del Estadio Nacional y han incurrido en delitos como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, cohecho, estafa al Estado”, aseguró la diputada.

Entre los “clanes” que, según Paz, han sido identificados mediante investigaciones, mencionó el integrado por las hermanas Karin Julissa Rivera Vásquez, subgerente de Desarrollo Institucional, y Linda Vanessa Rivera Vásquez, directora de Comunicación Interna. También señaló a Patricia Odily Moreno Mijangos, subgerente de Gestión Nacional, y a su hijo, Luis Pedro Juárez Moreno, director de Asuntos Jurídicos.

La congresista indicó que estas personas perciben salarios mensuales de entre Q18 mil y Q38 mil y que han integrado juntas de licitación que avalaron compras para la remodelación del Estadio Nacional. Por ello, considera que deben conocer los detalles del supuesto “desfalco millonario” relacionado con el proyecto.

Paz insistió en que es urgente intervenir la CDAG para terminar con “la corrupción y el nepotismo en la institución”. Agregó que existen otros “clanes” familiares integrados por madres, hijos, yernos y primos que, según sus denuncias, también han participado en “la corrupción” dentro de la entidad.

Autoridades no rinden cuentas

Por su parte, el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), ha denunciado irregularidades en la CDAG, principalmente relacionadas con el contrato de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Considera necesario que el presidente de la entidad, Francisco Antonio Ardón, rinda cuentas sobre lo ocurrido con el contrato y explique por qué la obra continúa sin avances.

“Lo que la población guatemalteca quiere saber es qué va a pasar con el estadio Doroteo Guamuch Flores. Ya han transcurrido casi dos años del proyecto de remozamiento y el estadio aún no está. La población quiere saber y que se le dé certeza de qué va a pasar con esos Q73 millones desembolsados. Son Q73 millones que le desembolsaron a Bremar -constructora a cargo de los trabajos- y Q63 millones que le desembolsaron al PNUD”, afirmó.

Chic ha citado en varias ocasiones al presidente de la CDAG y al gerente de la entidad, Luis Madrid, para abordar este asunto. Sin embargo, aseguró que ha sido objeto de denuncias penales interpuestas por las autoridades deportivas debido a su labor de fiscalización.

El diputado también solicitó al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, que intervenga en esta situación. Señaló que, durante los últimos 12 años, tanto la CDAG como el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) han manejado miles de millones de quetzales sin resultados visibles en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del país.

“Solo la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, en 12 años, han manejado Q7 mil millones. La pregunta es ¿en dónde está la infraestructura deportiva?, ¿en dónde están los equipos? Cómo es posible que un deportista y su familia tengan que venir y denunciar por obtener un derecho cuando hay un dirigente deportivo que obtiene Q5 mil por irse a sentar una hora a una reunión, de cualquiera de los comités”, expresó Chic.

El diputado recordó que el procurador de los Derechos Humanos tiene facultades para fiscalizar la administración pública.

“Lo que hay que hacer es sentar precedentes, esta gente no puede seguir sintiéndose intocable, no puede seguir utilizando el sistema de justicia para entorpecer la fiscalización para acallar las voces y no puede seguir utilizando la institución del Procurador de los Derechos Humanos para tratar de blindarse y tratar de acallar”, aseguró Chic.

Agregó que los dirigentes deportivos cometen estos abusos porque “históricamente se han sentido intocables”. También indicó que ya se han presentado las denuncias correspondientes contra los dirigentes que se han negado a rendir cuentas.

Se intentó obtener la versión del presidente de la CDAG, Francisco Antonio Ardón, sobre los señalamientos de los diputados y los vínculos familiares denunciados entre trabajadores de la entidad. Sin embargo, no respondió las llamadas a su teléfono celular.