Dos iniciativas en el Congreso buscan extender los pagos a veteranos militares y crear un programa similar para expatrulleros. Si se aprueban, el Estado tendría que destinar más de Q1 mil 900 millones adicionales en transferencias directas durante los próximos dos años.

El Congreso de la República analiza dos propuestas que ampliarían los beneficios económicos para quienes sirvieron en el Ejército o integraron las Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto armado interno. Ambas iniciativas pretenden extender la vigencia de los programas actuales y sumar nuevos grupos de beneficiarios, lo que duplicaría el gasto público destinado a estas compensaciones.

La Iniciativa 6416 propone reformar la Ley Temporal de Desarrollo Integral, vigente desde 2023, para extender por dos años más el pago de Q1 mil mensuales que actualmente reciben los exmilitares. Además, permitiría incluir a viudas, personas que viven en el extranjero y detenidos que aún no han sido sentenciados.

Por aparte, la Iniciativa 6570 busca crear un programa paralelo para exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con pagos equivalentes bajo el argumento de participar en actividades de reforestación y conservación ambiental. Los diputados promotores aseguran que la propuesta “iguala condiciones” con la ley vigente para veteranos militares.

Un gasto en aumento

De acuerdo con datos oficiales, el programa actual Ley Temporal de Desarrollo Integral, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, ya beneficia a más de 77 mil personas y tiene un presupuesto de Q961 millones para 2025. Hasta junio, el Ministerio de Desarrollo había ejecutado alrededor del 48 % de esos recursos.

Si las reformas avanzan, cada beneficiario recibiría Q24 mil adicionales, lo que elevaría el gasto total a más de Q1 mil 900 millones en dos años.
Expertos en finanzas públicas advierten que el aumento presionaría las finanzas del Estado y podría restar recursos a otros programas sociales y de infraestructura.

Participación limitada

Aunque los pagos están condicionados a la asistencia a capacitaciones y actividades de reforestación coordinadas por el Ministerio de Ambiente, alrededor del 8% de los beneficiarios no participa en dichas labores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del programa. De acuerdo con datos recogidos en junio pasado.

El plan incluye la siembra de especies frutales y maderables en departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango y Sololá, pero no hay informes públicos sobre el impacto ambiental o la supervivencia de los árboles plantados.

Antecedentes y críticas

Programas similares —como “Bosques y Agua para la Concordia”, ejecutado hasta 2012— fueron señalados por la falta de controles y por excluir a comunidades rurales que no estuvieron vinculadas al conflicto armado.

Analistas sostienen que las nuevas reformas podrían repetir ese patrón, privilegiando a sectores específicos sin una evaluación técnica del beneficio económico ni ambiental.

Un debate político con impacto fiscal

Los diputados que impulsan las reformas aseguran contar con respaldo de varias bancadas y justifican la ampliación como un acto de “reconocimiento histórico” a los veteranos. Sin embargo, la propuesta llega en un contexto de ajuste presupuestario y déficit fiscal creciente, lo que podría reavivar el debate sobre el uso de fondos públicos y la sostenibilidad de los programas asistenciales.

Si el Congreso aprueba las reformas, el Estado guatemalteco deberá asumir un compromiso financiero que superará los Q1 mil 900 millones, en un escenario donde los recursos siguen siendo limitados para educación, salud y desarrollo rural.

Con información de Fátima Najarro