Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves 21 de agosto desmantelar en un plazo de 60 días el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes), ubicado al oeste de Miami, además de prohibir el ingreso de nuevos migrantes, tras resolver una demanda de grupos ambientalistas.

Kathleen Williams, jueza del Distrito Sur de Florida, falló de forma parcial a favor de las organizaciones ambientales Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity, así como de la tribu miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por los daños causados al ecosistema de los Everglades.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional —tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas—, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, habilitado el 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También impide “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”, aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura existente.

Pasados los 60 días, las autoridades deberán retirar el cerco para permitir el acceso de la tribu miccosukee, pueblo indígena originario de la zona; desmontar la iluminación industrial, y desinstalar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

La demanda busca frenar por razones ambientales el funcionamiento del centro, con capacidad para 2,000 personas y proyección de crecimiento a 4,000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), por construirse en un área natural con 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

“Esta es una victoria emblemática para los Everglades y para incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

La decisión judicial se anticipaba desde horas de la mañana, cuando el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, aseguró que en el centro permanecen únicamente 336 migrantes, un tercio de los que había semanas atrás.

“Parece que el mismo estado entiende que le podrían ordenar cerrar esto, ya sea esta semana, la próxima semana o en el futuro. Solo hay ahí 336 personas en este momento. La última vez que vine había casi 1,000”, dijo Frost en un video.

Esta demanda es distinta a la presentada por razones migratorias por defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quienes representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos. Pese al fallo, se prevé que la batalla judicial continúe, pues el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), y han prometido impugnar los eventuales fallos.