Resulta esperanzadora la noticia de la construcción de tres anillos de infraestructura para facilitar el tránsito dentro, hacia y de la capital. Sin embargo, la única información clara es la participación de Corea, a través de Koica, su agencia para la cooperación internacional. El transporte terrestre del país, especialmente del área central, es problema gravísimo ante el colapso de carreteras y puentes. Justifica una declaratoria de urgencia nacional, por ser necesario realizar esas obras bien planificadas y con la seguridad del manejo correcto de los fondos. Los factores principales son: tomar en cuenta el tiempo, los gastos colaterales de los ciudadanos y sobre todo decidir cómo será la escogencia de quienes se encarguen de las diversas divisiones de las obras.

La realidad de hoy causa sospecha, a causa de tantos casos de corrupción, descuido e infraestructura mal realizada. Sin duda no estarán disponibles cuando termine este gobierno, según lo informado. Los atrasos son imposibles de evitar: por un lado, la Ley de Contrataciones del Estado, urgida de cambios y, sobre todo, de facilitar el trabajo, por lo cual se pueden buscar otras formas, como las obras concesionadas, sistema ya utilizado en otras ocasiones. La ampliación de la carretera al Atlántico fue realizada por donación de Taiwán y el dinero lo manejaron funcionarios de ese país, luego de aprobar el trabajo realizado por las empresas contratadas según las leyes de ese país. Como resultado: una obra terminada con calidad y en menos del tiempo estipulado.

El proceso será lento y complicado. Hasta ahora comenzará la divulgación y el ciclo de consensos con las municipalidades, el sector privado, la academia (¿universidades, entidades técnicas?) y la multifacética y tantas veces problemática sociedad civil, los cuales harán observaciones y sugerencias. Me preocupa esa tácita autorización, en manos de las municipalidades, donde la autonomía edil, por ser mal entendida, las convierte en cuasi-repúblicas, así como del derecho a la propiedad individual, vuelto un absoluto obstáculo para el avance del país. Por esas causas, puede tardarse y estar en construcción para el año preelectoral 2027. Estas condiciones abren la puerta para la nefasta politiquería de siempre con todos sus males implícitos.

La magnitud geográfica de la obra obliga a lograr unificaciones en los tres organismos del Estado, con una serie de normas específicas para el castigo de los infractores y también de la seguridad de quienes sean contratados y ejecuten con corrección sus tareas. Por decirlo así, se necesita un centro de mando dirigido por expertos. El plan anunciado consta de tres etapas. La primera, de 3 km por construir, la segunda, 13.4 km, y la tercera, 53 km. Conforme se vayan logrando, también llegarán los beneficios, y una constante información de los avances y también de los retrasos por razones justificadas despertará la ahora anestesiada confianza popular en todas las acciones en las cuales el gobierno tiene participación, sin importar nombres o temáticas.

Otra manera de reducir el tiempo es la apertura de varios frentes de trabajo. Ejemplo: en la obra A-B-C, un frente A-B y otro B-C simultáneamente. A los precios de las obras deben agregarse los gastos de combustible vehicular y de tiempo de llevar a pasajeros o cargas de un lado a otro. En factores como el turismo, por poner un ejemplo, los atrasos afectan a hoteles, restaurantes, visitas a zonas de interés, y los visitantes se ausentan por esas molestias para llegar. Todos estos temas ya están aceptados por los ciudadanos, quienes comprenden la urgencia de una infraestructura útil y eficiente. Por eso, todo lo relacionado con el transporte terrestre integra una unidad compleja, donde también se agregan los efectos sociales en la vida de quienes sufren accidentes.