El presidente Bernardo Arévalo enfrenta un constante acoso que dificulta la gobernabilidad. El Estado está cooptado por élites y grupos de poder con intereses creados. El hostigamiento que proviene del Ministerio Público no es más que la expresión abierta y descarada de ese bloque de poder que se opone a cambios mínimos.

La razón es muy sencilla: afecta sus negocios a la sombra de los fondos públicos. Esa es la razón de la contundencia del ataque contra el suministro de medicamentos a través de la Unops. Tras esa arremetida están las estructuras que negocian con la salud de la población. Consuelo Porras y su fiel escudero Rafael Curruchiche son solo los encargados del trabajo sucio.

Pero la desestabilización se ha agudizado. Han vuelto a intentar un golpe de Estado, de la mano del juez sicario Fredy Orellana. Esta vez los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), con todo el dolor de sus corazones, tuvieron que enmendarle la plana al juzgador espurio. Obviamente no llegaron a destituirlo porque entienden que forma parte del engranaje del pacto de corruptos. La CC nada más cumplió una formalidad porque, en última instancia, es otro instrumento de esa estructura de poder corrompida.

El constante asedio contra Arévalo constata un problema estructural del sistema político: la imposibilidad de que un gobierno democráticamente electo pueda ejercer plenamente su mandato cuando las mafias tradicionales del poder económico y político se sienten amenazadas. Desde antes de que asumiera la presidencia, Arévalo ha sido objeto de persecución institucional, obstrucción legislativa y una consistente campaña de desinformación. La nueva ofensiva de Consuelo Porras demuestra cómo el poder corruptor que está tras de ella solo trata de preservar privilegios políticos y económicos.

Es clara la forma en que las bancadas opositoras en el Congreso, el Ministerio Público y el sistema judicial actúan al unísono como instrumentos de coerción política, no como garantes del Estado de derecho. Esta captura institucional crea un escenario donde un presidente que no pertenece a esas estructuras viciadas carece de los mecanismos reales del poder. El aparato judicial es utilizado para criminalizarlo; el Legislativo, para bloquearlo, y las redes mediáticas, para desacreditarlo.

Los acuerdos de paz de 1996 solo silenciaron las armas. Las añejas estructuras militares, políticas y oligárquicas no fueron desmanteladas. Al contrario, se reunieron en torno a un nuevo pacto de élites para mantener el control del Estado y dar la apariencia de elecciones libres, pero bajo la condición de que no se alteren los intereses de ese poder omnímodo. Dieron paso a una democracia tutelada, donde todo intento de impulsar una agenda progresista y transparente, con justicia social, se convierte en una amenaza subversiva.

Esas élites no perdonan que Arévalo haya alcanzado la Presidencia, aun teniendo todo el andamiaje electoral en su contra. Su propuesta anticorrupción rompió la inercia de que los partidos son vehículos de propiedad empresarial y de redes clientelares que buscan el retorno económico desde el Estado. Ese modelo ha convertido el aparato estatal en botín y ha reducido la política a una mera competencia entre grupos de poder.

Cuando un mandatario busca gobernar sin pactos corruptos, amenaza la lógica del sistema: la alianza entre el dinero y el poder político que define quién puede gobernar y quién no. Por eso la reacción en su contra ha sido constante para tratar de deslegitimarlo, aislarlo y neutralizarlo. El problema es que el presidente no da muestras de querer romper esa inercia y juega a la política como si en su contra tuviera a opositores honorables y no a una mafia rampante.