Durante las 223 requisas efectuadas en las cárceles del país entre enero y el 17 de mayo del 2026 las fuerzas de seguridad han decomisado teléfonos celulares, drogas, licor y otros objetos prohibidos. Los expertos en seguridad consideran que los hallazgos constantes demuestran que el Sistema Penitenciario aún no logra recuperar el control total de los centros de detención y que persisten fallas en los protocolos de seguridad.

Según datos oficiales, actualmente hay 23 mil 955 privados de libertad distribuidos en 24 centros carcelarios. Las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) reconocen que el ingreso de ilícitos continúa siendo uno de los principales desafíos dentro del sistema.

Durante una citación con el diputado José Chic, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, explicó que las requisas han sido dirigidas con base en análisis de inteligencia y no de forma aleatoria.

Agregó que durante los operativos fueron detectados sectores que funcionaban como centros de llamadas para cometer extorsiones.

Requisas no resuelven el problema de fondo

Los analistas consultados consideran positivo que las autoridades mantengan una política constante de requisas, coinciden en que los operativos no solucionan los problemas estructurales que afectan al sistema carcelario.

Para Edgar Morales, analista en seguridad, la permanencia de hallazgos ilícitos evidencia que las cárceles continúan sin un control efectivo.

“Por más requisas que hagan, si no se tiene un control de los centros carcelarios siempre van a encontrar ilícitos dentro de los mismos. Se necesita una reforma real de la Ley del Régimen Penitenciario”, afirmó.

Morales señaló que el hallazgo recurrente de objetos prohibidos demuestra que siguen existiendo mecanismos para introducirlos a las prisiones.

“Eso quiere decir que todos los días hay acceso al ingreso de objetos de ilícita procedencia a los centros carcelarios, los cuales son permitidos por los guardias del Sistema Penitenciario y sus autoridades”, indicó.

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El experto considera que las requisas funcionan como una medida disuasiva, pero no representan una solución definitiva.

Federico Reyes, criminólogo y analista en seguridad, reconoce que la actual administración ha intensificado los operativos en comparación con años anteriores.

“De ninguna manera se habían hecho tantas antes, eso sí hay que reconocerlo. Es algo muy positivo”, señaló.

Reyes considera que la persistencia de ilícitos demuestra que los problemas se encuentran en la estructura interna del sistema.

“A pesar de que lo han hecho y la periodicidad con que lo hacen, se siguen encontrando ilícitos; eso no es ningún secreto”, señaló.

Reyes añadió que el principal desafío no es relazar requisas, sino el funcionamiento interno de los centros carcelarios.

“No es tanto la realización de la requisa, que está muy bien, sino los cuadros que se manejan a nivel carcelario, que todavía están fuera de control”, afirmó.

Alan Ajiatas, experto en seguridad y exfiscal del Ministerio Público, considera que se debería hacer una evaluación de la frecuencia de los operativos en las prisiones, la cual debería traducirse en una reducción sostenida de crimines que se ejecutan dentro de estos penales.

A su criterio, las requisas se han convertido en una medida temporal mientras permanecen intactas las causas principales del problema.

“Las requisas son beneficiosas, pero únicamente como un paliativo”, aseguró.

Ajiatas comparó la situación con el combate al narcomenudeo en años anteriores, cuando las capturas se concentraban en vendedores individuales mientras las estructuras criminales seguían operando.

“Muchas de las actividades criminales siguen coordinándose desde el interior de los centros carcelarios. Por eso, el fenómeno debe abordarse de manera estructural”, indicó.

Hacinamiento, corrupción y falta de controles

Los especialistas coinciden en que el hacinamiento continúa siendo uno de los factores que limitan el control penitenciario.

Ajiatas explicó que una sobrepoblación carcelaria dificulta la supervisión de los privados de libertad y aumenta las posibilidades de vulnerar los procedimientos de seguridad.

“El hacinamiento conlleva un menor control sobre la población carcelaria y, por consiguiente, mayores posibilidades de que se vulneren los procedimientos establecidos”, afirmó.

Morales también considera que la corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para recuperar el control de las prisiones.

“En la mayoría de los casos son los mismos guardias y autoridades de los centros carcelarios los que permiten el ingreso a través de remuneraciones”, señaló.

Reyes sostiene que la problemática se ha mantenido durante décadas y requiere una transformación institucional.

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Nuevas cárceles ayudarían, pero no bastan

Los tres expertos coinciden en que la construcción de nuevas cárceles puede contribuir a aliviar la crisis penitenciaria, aunque advierten que la infraestructura por sí sola no resolverá el problema.

Reyes coincide en que la infraestructura es importante, pero considera que debe ir acompañada de cambios institucionales.

“La construcción en sí es un paso en una cadena, pero realmente es la infraestructura y cómo manejar a los privados de libertad, la carrera penitenciaria y los distintos eslabones que hay para delegar responsabilidades”, indicó.

Ajiatas señaló que cualquier nuevo centro carcelario debe diseñarse con base en análisis que permitan reducir las actividades ilícitas.

“Sí es importante la construcción de nuevas cárceles, siempre y cuando exista una base analítica que permita entender cómo se desarrollan las dinámicas dentro de los centros carcelarios”, expresó.

Actualmente, el Ministerio de Gobernación impulsa la construcción de dos nuevos centros de detención en Morales, Izabal y Masagua, Escuintla. Además de la adquisición de equipos de inspección y sistemas para bloquear señales telefónicas e incorporar a 600 nuevos guardias penitenciarios.

Las autoridades del SP y Mingob han señalado que trabajan en la creación de una carrera penitenciaria que incluya ascensos, capacitación y mejoras salariales para reducir riesgos de corrupción.

Sin datos sobre costo de las requisas

Durante la citación, el diputado cuestionó a las autoridades del Sistema Penitenciario y del Mingob sobre el gasto que representa cada requisa realizada en las cárceles del país.

Sin embargo, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, indicó que no existe un promedio de costo por operativo, debido a que los recursos empleados varían según las características y el nivel de riesgo de cada centro carcelario.

“No tenemos un promedio de gasto, porque depende de la peligrosidad y de las condiciones de cada centro de detención”, explicó el funcionario.

Solórzano señaló que existen cárceles de gran tamaño, como Pavón, donde las requisas deben efectuarse por sectores.

“Hay centros de detención como Pavón que son tan grandes que se fueron de sector en sector; son 24 sectores”, añadió.

El viceministro también indicó que la Policía Nacional Civil efectuó estudios para determinar la cantidad de agentes que pueden ser asignados a cada operativo sin afectar las tareas de seguridad ciudadana en el resto del país.