El presidente Bernardo Arévalo hizo público en el Diario de Centroamérica el decreto gubernativo 4-2026, mediante el cual el Organismo Ejecutivo declara un nuevo estado de prevención que se aplicará en seis departamentos del país como parte de una estrategia para mantener la seguridad y el orden público.

La medida fue aprobada en Consejo de Ministros y publicada en el diario oficial este jueves 19 de marzo.

Departamentos y duración de la medida

El estado de prevención tendrá una duración de 15 días, el período máximo permitido por la legislación nacional para este tipo de disposiciones.

Los departamentos donde se aplicará la medida son:

• Guatemala
• Petén
• Escuintla
• Izabal
• San Marcos
• Huehuetenango

Según el Organismo Ejecutivo, la medida busca permitir la ejecución de acciones excepcionales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en territorios que presentan condiciones específicas.

Entre estas condiciones se mencionan:

• La presencia de centros de detención de mayor capacidad
• La ubicación en zonas fronterizas

De acuerdo con el decreto, la decisión responde a la necesidad de:

“Prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles por parte de maras o pandillas, u otras actividades que alteren el orden público”.

¿Qué implica el estado de prevención?

Durante la vigencia de la medida, el artículo 5 del decreto establece que las autoridades podrán:

• Limitar reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, o impedir su realización
• Disolver por la fuerza cualquier grupo o manifestación en la que se utilicen armas o actos de violencia
• Restringir la circulación o estacionamiento de vehículos, así como someterlos a registro

El decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario de Centroamérica.

Continuidad de medidas de seguridad

Esta decisión se da en continuidad a las acciones implementadas desde el 18 de enero, tras los motines simultáneos en varias cárceles del país, atribuidos a la pandilla del Barrio 18, en los que fallecieron 11 policías.

Posteriormente, se decretó un estado de sitio, y tras su finalización se han impulsado otras estrategias como el Plan Centinela Escuintla y el Plan Centinela Metropolitano, con el objetivo de reducir los hechos delictivos en el país.