El viejo dicho, “hecha la ley hecha la trampa” advertía que por buena que fuera una ley siempre había mentes interesadas en encontrar la manera de jugarle la vuelta. Un ejemplo claro es el de las Comisiones de Postulación, creadas con la intención de dar a la academia la facultad de postular candidatos a puestos relevantes pero que, por esas maniobras, lo que produjo fue la corrupción de la academia, tanto por la creación de universidades de garaje como con las elecciones fraudulentas en la Universidad nacional.

Sin embargo, hay casos en los que la ley misma es la que facilita los negocios, como sucede con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la cual es un instrumento para facilitar sucias operaciones y sin priorizar, como debía ser, la fiscalización para garantizar transparencia a efecto de hacer buen uso de los recursos públicos. Hoy publicamos una investigación relacionada con los negocios que se pueden hacer con las municipalidades evidenciando cómo un ex empleado de la comuna de La Blanca en el departamento de San Marcos pasó a convertirse en uno de los contratistas que acapara buena parte de la obra pública de esa Municipalidad.

El trabajo evidencia cómo un empleado municipal que empezó devengando un sueldo de 12 mil quetzales pasó a ser contratista cuando dicha Municipalidad recibió una asignación extraordinaria de 68 millones en aportes de los Consejos de Desarrollo, lo que permitió al señor Wilson González, ex jefe de una dependencia del municipio, convertirse en uno de los contratistas predilectos de la Alcaldía de La Blanca recibiendo en un año 17,026,340 quetzales, equivalentes al 28% de la suma total trasladada por los Codedes.

El caso no es, ni por asomo, algo extraordinario sino se puede asegurar que es una situación que se repite a lo largo y ancho del territorio nacional en distintas jurisdicciones porque hacer piñata con los fondos públicos es absolutamente fácil gracias a la forma en que está redactada la famosa Ley de Compras y Contrataciones. Las famosas “juntas de licitación” llenan todos los requisitos exigidos por la ley y quedan resguardados porque, al cumplir con lo que dice el famoso instrumento legal, pueden hacer su “rendición de cuentas” sin problema alguno.

Por ello hemos insistido que así como debemos rescatar el sistema de justicia que ha caído bajo el control de las mafias, se tiene que modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado si realmente pretendemos que la inversión pública se proyecte en beneficio de la población y no simplemente para enriquecer a contratistas y funcionarios que saben cómo operar dentro del marco de esa ley que fue hecha, precisamente, para alentar y facilitar los trinquetes.

Mientras haya impunidad y una ley que da apariencia de legalidad a los saqueos descarados del erario nacional, el país no puede avanzar hacia la promoción del desarrollo humano.