El fin del período de Consuelo Porras y el despido de Rafael Curruchiche ponen en el tapete de la discusión cómo se comparan los derechos laborales en el Estado y en la iniciativa privada. En ciertos casos constituyen una injusticia por diversos motivos, a veces, hasta contradictorios. Según información no oficial pero proveniente de fuentes serias, la ex fiscal general tuvo una indemnización de alrededor de un Q1,700.000, y el jefe de la Feci, por haber sido despedido, recibirá una cantidad moralmente inaceptable. La legislación laboral es tutelar, es decir, favorece en principio al trabajador y a causa de ello afecta en mayor o menor grado a la institución o la empresa, o en este caso al propio Estado.

Este tema da motivo a una serie de consideraciones basadas en el análisis de un factor especifico, es decir cómo se comporta quien es despedido o termina su cargo. Los diputados integran una categoría de horror: indemnización por haber estado en una curul cuando esta tiene plazo fijo. En ambas situaciones los juicios realizados a consecuencia de razones legales y denuncias pueden convertirse en meses o años de discusiones, además de amparos, atrasos mal intencionados y otros. En un breve resumen, los casos en la iniciativa privada se pueden arreglar vía negociación. Una injusticia se da cuando un trabajador recibe una oferta de mayor sueldo y decide irse, por lo cual pierde sus prestaciones, consistentes en un salario por año trabajado más otros beneficios.

El dinero adicional del nuevo trabajo se agrega luego de haber pasado un número de meses igual al del tiempo en el empleo anterior. Algunos deciden incumplir sus tareas para no perder tal suma. Los empleados de confianza, como Curruchiche, no tienen derecho a prestaciones y además han sido despedidos por su pésimo desempeño. Por ello, creo, salió sonriente al ser despedido, pues será beneficiado en un ejemplo de injusticia. Pero los tercamente convencidos de la gran calidad del beneficio para el país de la utilización dolosa de las leyes comenzarán a defender a esos dos funcionarios en una actitud demasiado cercana al fanatismo, irracional por definición. Como todo lo relacionado con la ley, las interpretaciones, aunque absurdas, han existido en la Historia.

Las razones por las cuales todas las instituciones del país tienen en su mayoría integrantes con diversos niveles de abuso, corrupción, ignorancia y descaro, son porque sus raíces se afianzan en la mala educación y la certeza de la burla a la ley, por eso en realidad es casi imposible lograr un progreso verdadero en el país. Los inversionistas extranjeros serios no se interesan en invertir en un país sin leyes sólidas y con normas legales o laborales alejadas al significado de los términos en el idioma oficial. A lo interno, esta injusticia mencionada afecta a los trabajadores, conocidos ahora por una reciente costumbre como colaboradores, lo cual se aleja del significado real, por la acción voluntaria de alguien para lograr una meta, pero sin recibir dinero a cambio.

Debe quedar claro: las prestaciones se refieren a los trabajadores, entendidos en quienes realizan una tarea de esfuerzo físico, muscular. Pero también a la fuerza laboral de tareas intelectuales, con la capacidad intelectual radicada en el entendimiento. Manejar una computadora, por ejemplo. El espíritu de las leyes es superior a la letra muerta. Los dos exfuncionarios mencionados tienen la obligación moral de saber esto. El error nunca es fuente de Derecho, indica un conocido aforismo jurídico. Cuando se descubre alguno, el cambio debe ser inmediato o muy corto en el tiempo. La solución al desprestigio causado en Guatemala al concepto de Ley debe comenzar ya, con la decisión de aplicarla sin contemplaciones y sobre todo sin excepciones.