Es clarísimo que Bernardo Arévalo fue electo como Presidente como resultado de un mandato de la ciudadanía para emprender el saneamiento de la administración pública a fin de eliminar la corrupción que se adueñó de todas las instancias del Estado, controlando plenamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todo para facilitar los negocios y para garantizar impunidad. Nadie puede dudar de esa aseveración pues lo que los electores pensaron es que alguien con la herencia moral del doctor Juan José Arévalo tendría no solo la determinación sino los atributos, para decirlo en buen chapín, para concretar ese mandato.

Una vez investido, tras las arremetidas frontales del Ministerio Público, se notó que carecía del carácter necesario para realizar lo que el pueblo le había ordenado y empezó una etapa de palanganeo en la que fue creciendo el poder de las mafias que, tranquilamente, ampliaron su influencia no solo en el Congreso sino en las diferentes instancias judiciales, gracias a la complacencia de esas mafias pactada con el Ministerio Público. Dentro del mismo Ejecutivo hubo quienes entendieron ese vacío de poder y empezaron a operar por sus pistolas ante un mandatario que cuando le denuncian un robo dice “yo no voy a ver papeles”.

Mandatario es quien se compromete a actuar en nombre y por cuenta del mandante, que en este caso es nada más y nada menos que el pueblo de Guatemala que manifestó su mandato de manera clara y categórica. Cierto es que todos conocíamos el enorme poder de las mafias, agravado por la complicidad que tienen con grupos de narcopolíticos, por lo que no era cosa sencilla emprender el camino de la transformación, pero lo que no sabíamos era la pasmosa tibieza de carácter de quien fue electo y menos su disposición a hacer que siga la fiesta.

En estos días, sin embargo, hubo acción de la Presidencia que logró pactar en el Congreso de la República con las diferentes bancadas para elegir al Contralor de Cuentas de la Nación, evidenciando que sí se pueden alcanzar acuerdos aún con los grupos más sucios. De hecho, las negociaciones para aprobación de los presupuestos ya marcaron la hoja de ruta, evidenciando que hay forma de mover los hilos en el Congreso, cosa que, tristemente, no se ha hecho para emprender los cambios estructurales que el país necesita, sino para preservar un sistema que tiene que cambiar. No hay que olvidar que el Ejecutivo entendió que para “controlar el Congreso” debe tener contentos a los contratistas de obra pública y así hay que entender lo que vemos en el Ministerio de Comunicaciones.

Tras la enorme decepción de la gente, cualquier candidato astuto que sepa engatusar a la gente logrará el respaldo de un pueblo harto de su última elección y el riesgo es que al electorado no le importará si es un populista y/o operador del crimen organizado y ese, lastimosamente, será uno de los legados de Arévalo. Y eso nos coloca en el riesgo de que, aunque parezca increíble, los comicios puedan servir para aumentar el poder de los narcos y de los operarios de la corrupción.

Todo producto del cándido error cometido por un pueblo que creyó que Bernardo era igual a Juan José.