Funcionarios del Ministerio Público (MP), cuestionaron este martes 22 de julio el trabajo del Ministerio de Gobernación (Mingob) en torno a la prevención del delito, y señalaron un repunte de violencia y extorsiones en el país.

Los señalamientos se hicieron durante una reunión con el diputado Ronald Portillo, de Vamos, en el Congreso de la República, donde afirmaron que mayo registró una cifra récord de denuncias por extorsión.

Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, aseguró que, con dichos resultados, “si se evaluara el trabajo del Mingob, ya no habría ministro”.

Agregó que Guatemala “ha hecho historia respecto a las extorsiones”, ya que en mayo se denunciaron más de 1,835 casos.

“Es necesario que la política de Estado de prevención del delito la desarrolle el Ministerio de Gobernación. Si midiéramos al Ministerio de Gobernación de manera cualitativa y cuantitativa, ya no tuviéramos ministro. ¿Por qué? Hemos superado los homicidios, hemos superado las extorsiones, y eso significa que no hay prevención delictiva, o que el plan de prevención delictiva no cumple su objetivo específico”, comentó Portillo.

Añadió que la Policía Nacional Civil (PNC) no ejecuta las órdenes de captura vigentes por casos de extorsión.

“Llenaríamos el estadio Doroteo Guamuch Flores con las órdenes de aprehensión pendientes en Guatemala”, dijo Portillo, quien también cuestionó que el Mingob no participara en la mesa de diálogo de este martes.

Al ser consultado sobre cuántos de los casos investigados llegan a sentencia, aseguró que tienen resultados “muy eficientes” y que no existe mora fiscal.

Insistió en que la labor del MP es posterior al delito, y que la responsabilidad de la prevención corresponde al Mingob.

Por su parte, Enma Flores, fiscal contra las Extorsiones, reveló que han detectado nuevos patrones en los grupos criminales, como repartidores que proporcionan datos de los clientes, trabajadores de las mismas empresas o pilotos de buses que colaboran en la extorsión de sus colegas.

Flores indicó que en junio se recibieron 1,689 denuncias, siendo el departamento de Guatemala el de mayor incidencia.

“En su mayoría, estas llamadas provienen de centros carcelarios, donde se contacta a las víctimas para exigirles determinadas sumas de dinero. Generalmente, corresponden a lo que denominamos ‘inmigradores’”, explicó la fiscal.

Respecto a las llamadas talachas en los centros penitenciarios, mencionó que hay varias investigaciones en curso.

“Lamentablemente, cuando una persona es privada de libertad e ingresa a un centro carcelario, se le exige una cantidad de dinero. Tenemos algunas denuncias en investigación, pero también sabemos que muchos no denuncian por temor, ya que muchas veces los propios reclusos hacen estas exigencias, o incluso podría haber complicidad de personal del Sistema Penitenciario”, añadió.

Flores señaló que hay distintos grupos implicados en extorsiones: algunos vinculados a pandillas y otros a personas particulares o integrantes de estructuras criminales.

“A veces se ha establecido que existe complicidad, incluso de trabajadores de algunas empresas que proporcionan información”, sostuvo.

Prensa Libre consultó al Mingob sobre su postura ante los señalamientos, pero indicó que no se pronunciaría al respecto. “El artículo 35 de la Constitución es claro al establecer que las personas tienen libertad de emitir opinión, dentro del marco del respeto y responsabilidad. El Mingob se reserva el derecho de respuesta a este tipo de opiniones o publicaciones”, respondió un vocero de la cartera del Interior.

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