A pesar del creciente control que las pandillas y otros grupos criminales ejercen tanto en las calles como desde las cárceles, el Estado sigue sin implementar una política criminal efectiva ni una reforma penitenciaria que frene la operación de estos grupos delictivos. Analistas advierten que la falta de voluntad política, la corrupción en las instituciones de seguridad y el abandono de estrategias de prevención han permitido que la violencia se mantenga e incluso se agrave en algunos territorios del país.

Para Eddy Morales, analista en temas de seguridad y exdirector del Sistema Penitenciario, el Estado debe reforzar su política criminal para garantizar la implementación de programas encaminados a reducir la violencia generada por las pandillas. En ese sentido, sugiere que las autoridades del Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial, trabajen de manera integral.

Morales también considera que, dentro de este fortalecimiento, se debe dar prioridad a dos ejes: uno, enfocado en el combate de la criminalidad y la delincuencia, y otro, orientado a la prevención del delito.

El exfuncionario propone la reforma del Sistema Penitenciario, junto con la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, en las cuales se garantice que los cabecillas de las pandillas no tengan acceso a medios que les permitan continuar organizando y dirigiendo actividades delictivas.

Además, plantea la depuración de los malos elementos del Sistema Penitenciario, al considerar que algunos están coludidos con pandilleros recluidos. Menciona como ejemplo al guardia de la cárcel Renovación 1, quien alquilaba su celular a los reclusos para extorsionar u organizar otros delitos desde prisión.

El analista en seguridad, Julio Rivera Clavería, señala que desde el Estado debe generarse una estrategia orientada a la protección de la ciudadanía y al endurecimiento de las penas contra los grupos delincuenciales en el país.

“Yo creo que lo más importante es que, efectivamente, se reforme el sistema penitenciario, que yo creí que se iba a hacer desde un principio en este gobierno, pero al final pasó exactamente lo mismo que siempre pasa”, refiere.

Agregó: “El gobierno quedó simplemente en palabras, no se hizo absolutamente nada y se necesitan por lo menos dos cárceles de máxima seguridad para lograr apartar a estos grupos de mareros”, puntualiza.

También considera que, desde el gobierno, debe realizarse la depuración de las instituciones de seguridad, como el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, con el objetivo de combatir la corrupción en ambas entidades y los vínculos de los malos elementos con los grupos pandilleros.

“Yo creo que lo primero que se tiene que hacer en la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario es minimizar la corrupción”, afirma.

Clavería sostiene que el grave problema del Ministerio de Gobernación es que los “niveles de corrupción son altísimos”, y lo más importante es dignificar a la Policía.

“Al buen policía, y al mal policía, meterlo preso. Esta sería una de las medidas más importantes para combatir también a las pandillas, tanto en las calles como en las cárceles”, afirma el experto.

Respuesta integral

A decir del director de la oficina de Crime Stoppers en Guatemala, Pedro Cruz, el país enfrenta en este momento una “preocupante escalada de violencia que exige una respuesta integral, sostenida y articulada”.

“Desde nuestra experiencia, creemos que uno de los pilares fundamentales para frenar esta situación es fortalecer el trabajo de inteligencia y la investigación criminal, así como seguir impulsando mecanismos que acerquen la denuncia a la ciudadanía, garantizando su seguridad y anonimato”, acotó.

Cruz reconoció los esfuerzos que se efectúan desde las fuerzas de seguridad, en especial desde la Policía Nacional Civil (PNC), al considerar que ha sido un aliado estratégico para fomentar la cultura de la denuncia y lograr capturas importantes con la colaboración ciudadana. Sin embargo, sostiene que los desafíos son enormes y requieren también una mayor inversión en prevención, atención psicosocial a víctimas y presencia del Estado en los territorios más golpeados por el crimen.

“Es momento de redoblar esfuerzos, fortalecer las alianzas y hacer de la seguridad una causa nacional, con enfoque de datos, corresponsabilidad y protección de la vida”, precisó.

Carmen Rosa de León, investigadora de Iepades, indica que varios hechos de violencia ocurridos en los últimos días han despertado preocupación en la sociedad.

“Hay incremento de violencia, pero que proviene de donde se mueve el crimen organizado, por la disputa de grupos. No solo es en la capital, también en Quetzaltenango, donde las pandillas se enfrentan entre sí en busca de controlar la venta de droga y las extorsiones”, señaló.

De León recomienda que, en los centros educativos y zonas rojas, se fortalezca la prevención entre los jóvenes para evitar que sean reclutados por las pandillas.

También plantea acciones contundentes por parte de las compañías de telefonía para aislar las llamadas telefónicas en las prisiones. Además, sugiere un trabajo más riguroso por parte de la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de detectar el origen de los fondos del crimen organizado.

“Fortalecer la inteligencia estratégica para detectar núcleos del crimen organizado, pero también tiene que ver con el sistema de justicia. De nada sirve que la PNC haga capturas si el MP tiene la tendencia de archivar los casos”, refirió.

Agregó: “Las pandillas y los narcotraficantes tienen abogados para que los saquen; se debe ver de dónde provienen esos fondos ilícitos”.

Denuncias

Según datos de Crime Stoppers, este año la información recibida por medio de sus canales anónimos ha permitido la captura de 136 personas vinculadas a delitos de alto impacto y la apertura de múltiples investigaciones. Las principales líneas de denuncia han sido:

• Narcotráfico: 1,755 investigaciones
• Extorsiones y pandillas: 1,085 investigaciones
• Violencia contra la mujer: 677 investigaciones
• Bandas delincuenciales: 538 investigaciones
• Del 2022 al 2025, los departamentos que más reportes anónimos han generado son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Jutiapa. Un informe de Diálogos confirma que siete municipios de esas regiones se encuentran en el top 10 de los más violentos del país.
• El análisis de la incidencia criminal concluye que el narcomenudeo, las extorsiones, el sicariato y los robos son factores determinantes de la violencia homicida. Todos estos delitos pueden denunciarse de manera anónima a través de los siguientes canales:
• WhatsApp: 3764-1561
• Call center: 1561
• Sitio web: tupista.gt