Cuando uno escucha que en Guatemala existen cerca de 38 partidos políticos (si se cuenta a los existentes y los que están en trámite), es inevitable preguntarse: ¿de verdad hay tantas ideas distintas, o simplemente demasiados intereses en juego? Porque, seamos sinceros, aquí parece que montar un partido político es un vehículo para entrar a una especie de “mercado” y eso deja mucho que desear sobre el fondo de la política guatemalteca.

La proliferación de partidos en el país no es señal de un sistema democrático vibrante, sino, más bien, de una alarmante ausencia de ideologías sólidas. ¿Cuántos de estos partidos pueden definirse claramente como de izquierda, derecha o centro? Si uno rasca un poco, se da cuenta de que la mayoría no pasan de ser cascarones vacíos, vehículos para candidatos de ocasión o plataformas improvisadas para colarse en la foto electoral. En vez de programas definidos, lo que abundan son slogans reciclados y promesas huecas. Por eso, la tesis de los partidos como brokers: la lógica del reparto, adquiere más y más validez.

En este escenario, no es raro que los partidos funcionen más como brokers de cuotas de poder que como verdaderas agrupaciones políticas. ¿Qué significa esto? Que no están ahí para proponer caminos para el país, sino para negociar puestos, favores, licitaciones o contratos. El Congreso o sus órganos se convierten, entonces, en una especie de “bolsa de cuotas de poder”, donde cada agrupación, como en la bolsa de valores, busca maximizar el rendimiento de su inversión (y de sus patrocinadores, en ocasiones).

Otro esquema que ha dado mucho de qué hablar sobre cómo esta fragmentación alimenta la corrupción es el famoso listado geográfico de obras. Cada partido o alianza pelea por incluir proyectos en su departamento o municipio, no por genuina preocupación social, sino para asegurarse el apoyo de sus bases o, peor aún, el retorno de una comisión. Así, la negociación política se reduce a un trueque: “te apruebo esto, si me das aquello”. El resultado es una política de corto plazo, clientelista y basada en la reciprocidad de favores, donde el interés común queda relegado al último lugar. Los intercambios para fraguar el control de ciertas entidades autónomas del Estado, que además tienen poder político directo, no se queda atrás.

Esta dinámica no solo es una falsificación de la democracia, es claramente insostenible. Un sistema político que premia la fragmentación y la negociación de cuotas perpetúa la mediocridad y bloquea cualquier intento de reforma real. ¿Quién va a cambiarlo? Desde luego, no los partidos actuales, que viven cómodos en este desorden. La reforma auténtica solo podrá venir de las élites económicas, sociales y culturales que, so pena de pasar a una situación de complicidad pasiva, decidan empujar un nuevo pacto político. Porque, mientras quienes se benefician del modelo no tengan incentivos para desmontarlo, aquí seguiremos sumando siglas y restando futuro hasta que el modelo colapse, como es inevitable, sin una reforma.

La política guatemalteca, plagada de partidos sin alma ni rumbo, necesita una sacudida profunda. No basta con quejarse del número de agrupaciones: hace falta exigir claridad de ideas, transparencia en la gestión y, sobre todo, voluntad de cambio. Esa responsabilidad no es exclusiva de los políticos; nos toca a todos los que aspiramos a una Guatemala menos fragmentada y menos corrupta. Porque, al final, solo la acción decidida desde fuera del sistema pude lograr el respaldo de los ciudadanos para romper el círculo vicioso de partidos que negocian cuotas en vez de construir país.