Diversas reacciones contrarias al decreto 7-2025 —aprobado por los diputados del Congreso de la República— expresaron cámaras empresariales y centros de investigación económica, que ven con preocupación el debilitamiento del control del gasto y advierten que esta medida no resolverá los actuales problemas de baja ejecución en inversión pública.

El decreto avala que a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan utilizar en el siguiente ejercicio fiscal los fondos asignados en el 2025, lo cual podría sumar alrededor de Q6 mil millones adicionales para el 2026, aparte del monto previsto en el proyecto de gasto.

La coincidencia en la aprobación por parte de los legisladores se produjo un día después de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentara la versión final del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, por un total de Q163 mil 237.4 millones. En dicho proyecto se programaron asignaciones ordinarias para los Codedes por Q4 mil 491 millones, correspondientes al aporte IVA-Paz.

Los diputados aprobaron la normativa, que será publicada en el Diario de Centro América, como un instrumento que —según alegan— agilizará el gasto público.

Gremios empresariales piden vetar ley de fondos sin control

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) fijaron posiciones gremiales en contra de la ley aprobada el pasado martes e instaron al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar el decreto 7-2025, “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”.

El Cacif, por medio de un comunicado, expuso que “el decreto permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso, según lo establecido en la Constitución Política de la República”.

“De entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al presidente ejercer el control del veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas”, agrega el comunicado.

En los mismos términos coincidió la CCG, y añadió que “esta normativa abriría la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución, debilitando la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Estado”.

En tanto que el CNE señala que “la falta de discusión parlamentaria para la incorporación de criterios técnicos y programáticos, la hace contraria a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de proyectos de inversión pública”.

“Su aprobación representa un profundo retroceso y una clara contradicción a la lucha frontal contra la corrupción, la cuál ha sido el principal compromiso de la actual administración de gobierno”, reiteran.

“Es comprensible la urgencia por encontrar mecanismos que permitan agilizar la contratación y ejecución de obra pública, pero esto no puede ser a través de medidas que comprometan la transparencia y que reactiven las complejas redes de corrupción que han cooptado al Estado”, concluye el comunicado.

Cien advierte que decreto rompe con principios clave del presupuesto

Los centros de investigación económica también han reaccionado a lo actuado por los diputados, y ya se han identificado los primeros hallazgos sobre el decreto 7-2025, en el cual —según advierten— se vulnera la anualidad presupuestaria y se relajan controles clave.

Por medio de un comunicado, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) expuso que, tras analizar el marco legal vigente, evaluaciones internacionales y evidencia reciente de ejecución, se concluye que la norma no es procedente: rompe con el principio de anualidad y unidad del presupuesto, debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública.

Entre los hallazgos principales del Cien sobre el decreto, destacan los siguientes:

• Quebranta la anualidad y el cierre presupuestario: La Ley Orgánica del Presupuesto exige cerrar el ejercicio fiscal el 31 de diciembre, prohíbe asumir compromisos con cargo al ejercicio vencido y ordena reintegrar a la Tesorería los saldos de efectivo que no correspondan a obligaciones pendientes. El arrastre automático de saldos a los Codedes contradice estas disposiciones.
• Afecta la unidad del presupuesto y el rol del Congreso de la República: Todos los ingresos deben concentrarse y pagarse vía Fondo Común o Cuenta Única del Tesoro. Retener saldos fuera del ciclo anual y ampliarlos en el presupuesto siguiente, sin debate parlamentario, debilita ese principio y el control democrático.
• Relaja controles ex ante en un entorno de riesgo: El informe del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (Pefa 2018), elaborado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Guatemala, documenta debilidades persistentes en el control interno y altos riesgos en la aprobación, segregación de funciones y monitoreo. Otorgar “vía rápida” o aprobaciones tácitas agrava ese escenario.
• No aborda la causa de la subejecución: La experiencia internacional, incluida la del FMI, es clara: antes de ampliar flexibilidad, es necesario fortalecer el control interno, la auditoría y los sistemas de información. De lo contrario, se multiplican errores e irregularidades.

Icefi advierte que decreto debilita controles

Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró que no se justifica alterar la Ley Orgánica del Presupuesto ni otras normas de vigencia permanente para resolver problemas de tipo temporal o coyuntural.

Sobre el decreto 7-2025, el Icefi señaló que “las disposiciones aprobadas aseguran de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar”.

“Prácticamente suprime la supervisión del avance físico y financiero de las obras a cargo de los Codedes, cuyo rol quedaría relegado a ser un simple puente para el traslado de recursos financieros a las municipalidades”, subraya el comunicado.

Además, advierten que “al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional, el plazo máximo de cinco días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima, toda vez que no establece recursos financieros y humanos adicionales, ni un período perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplan con el nuevo requerimiento. En conjunto, estas disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente han plagado a los Codedes”.

En el comunicado, el Icefi recomienda al Ejecutivo y al Legislativo iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión exhaustiva con cada entidad involucrada, a fin de encontrar las mejores soluciones para lograr que los Consejos de Desarrollo agilicen la ejecución de sus presupuestos, con la debida transparencia y con los controles adecuados para garantizar la calidad de las obras.