Tres compañías adquirieron las bases de licitación para construir alrededor de 500 kilómetros de red y 14 subestaciones que forman parte del tercer evento del Plan del Expansión del Sistema de Transmisión de electricidad (PET 3), como Redes Eléctricas de Centroamérica, S. A. (Recsa), la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), propiedad del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y la compañía del Grupo Cox. De estas, solo la empresa del INDE presentó oferta el 7 de octubre.

Se manifestaron dudas respecto de los términos de la licitación y condiciones del contrato, expuso David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), al ser consultado sobre la baja participación. Mientras autoridades del MEM indicaron que condiciones son necesarias.

Cabrera considera que la única oferta responde a que las condiciones planteadas no resultaron atractivas o no se ajustan a la perspectiva del transportista privado. Añadió que a ETCEE, al ser una empresa pública, podrían acomodarle mejor los requerimientos establecidos.

En el caso de los transportistas privados, observó que las condiciones no se ajustaban a lo necesario para desarrollar los proyectos, lo que derivó en que solo una compañía nacional adquiriera las bases, pero ninguna presentara oferta. En cuanto a las empresas internacionales, solo una adquirió las bases y tampoco participó.

Consultado sobre los puntos que generaron más preocupación, Cabrera indicó que el plazo de cinco años para efectuar la obra fue uno de ellos. Algunos afiliados consideraron que este tiempo es insuficiente y propusieron que se ampliara.

También señalaron como inadecuado el manejo de los factores imponderables del proyecto, como fuerza mayor y problemas con la servidumbre de paso. Cabrera subrayó que el contrato debería ofrecer flexibilidad ante cambios, dado que los proyectos rara vez se ejecutan exactamente como fueron concebidos.

Agregó que esto eleva el riesgo, lo que encarece las ofertas al punto de hacerlas poco razonables o viables. Sobre las garantías, Cabrera señaló que se exigieron cartas de crédito en lugar de fianzas, lo que encarece el canon. “Las condiciones planteadas son muy distintas a cualquier otra licitación del Estado”, afirmó.

El canon es la remuneración que reciben las empresas transportistas por construir, operar y mantener las redes de transmisión. Según el reglamento de la Ley General de Electricidad, en la licitación el oferente debe especificar el canon que espera recibir. Cabrera indicó que posiblemente una entidad estatal se sienta más cómoda con estas condiciones, pero no así un privado.

Previamente, el directivo comentó que el contrato carece de mecanismos para manejar la incertidumbre que presentan hoy los proyectos de transmisión en el país. Además, señaló que la gestión y el riesgo de ejecución recaen completamente en el inversionista, sin incentivos ni facilidades del Estado.

Otra dificultad fue que solo se podía ofertar por lotes completos, sin posibilidad de elegir proyectos individuales dentro de cada uno. Esto incrementa el riesgo, dado que algunas obras presentan mayores desafíos.

En septiembre, Cabrera indicó que varias empresas estaban interesadas, pero al conocer los detalles de la licitación —composición de los lotes, rigidez del contrato, garantías exigidas, ausencia de incentivos o apoyo estatal— decidieron no adquirir las bases.

Este miércoles expresó que al evaluar todos esos aspectos, las compañías concluyeron que no era razonable participar.

De no llegarse a concretar las obras, se reflejarían diversos impactos porque cada lote licitado tiene una función específica, agregó Cabrera. Por ejemplo, el Lote A —o lote 1— busca establecer un corredor de transmisión para conectar diversas generadoras, incluyendo algunas adjudicadas en la cuarta licitación del Plan de Expansión de la Generación (PEG 4). El lote dos busca mejorar las condiciones en Petén; el tres, ampliar la electrificación rural.

Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), consideró positivo que se efectúen estas licitaciones, y destacó la importancia de tener eventos como PET 4 y PET 5. Explicó que la baja participación podría estar relacionada con el tipo de lotes licitados. Sin embargo, espera al ser adjudicado un oferente concrete las obras, ya que beneficiarán a zonas pobres del país.

Sobre la no participación de privados, Asturias recordó que había dudas sobre las garantías y el manejo de fuerza mayor. No obstante, consideró que el INDE, por su tamaño, está mejor preparado para asumir riesgos que el inversionista privado promedio.

Asturias es director titular del Consejo Directivo del INDE, designado por asociaciones empresariales, desde mayo del 2025.

¿Hay capacidad financiera y de ejecución?

Carmen Urízar, exministra de Energía y Minas, calificó como preocupante el resultado de la recepción de ofertas, al haber participado solo el INDE, pese a que tres compañías adquirieron las bases. “Esto refleja que las empresas perciben riesgos elevados que no están dispuestas a asumir”, expresó.

Sin embargo consideró lógica la participación del INDE, tanto por su papel como entidad pública como por su experiencia en la construcción de líneas de alta tensión.

Acerca de si el INDE está en condiciones para invertir y ejecutar en una obra como la mencionada, en medio de las dificultades internas que ha enfrentado por años en contrataciones de empresas para sus proyectos, Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, considera que el INDE debe participar en estos eventos y crecer como institución, tanto en generación como transmisión de energía y electrificación rural, ya que esa es su verdadera misión y no la de subsidiar tarifas a consumidores que restringe su capacidad de crecimiento.

García agregó que a la fecha esa institución tiene un capital bastante grande acumulado, en alrededor de Q4 mil millones, por lo que considera que su capacidad económica y solvencia es adecuada para que se le pueda adjudicar.

Respecto a llevar a cabo la ejecución, dijo que se deberá de apoyar con contratistas especializados para realizar las diferentes obras de este proyecto, para lo cual deberá implementar los diferentes eventos que requiera de acuerdo con la ley para ese tipo de obras.

Urízar advirtió que los problemas internos del INDE podrían obstaculizar el cumplimiento del proyecto, pero enfatizó que el compromiso de sus autoridades, así como el seguimiento del MEM y la CNEE, será clave.

¿Por qué se establecieron esas condiciones?

El viceministro de Energía, Juan Fernando Castro, explicó que se endureció el requerimiento de garantías debido a experiencias previas con fianzas que resultaron incumplidas.

El funcionario citó un ejemplo, indicando que el INDE contrató un proyecto de construcción de una línea 230 voltios para Petén, y pago Q44 millones a una empresa (en administraciones anteriores), pero cuando quiso ejecutar la fianza le respondieron que debería hacerse por medio de una orden de juez. En otros casos, las fianzas no estás vigentes, agregó.

A diferencia de las fianzas, dijo, las cartas de crédito permiten al Estado cobrar directamente en caso de incumplimiento, explicó Castro.

Y comentó que además, se exigieron planos de ingeniería firmados y sellados, según la Ley General de Electricidad.

En cuanto al plazo de cinco años, Castro consideró que es adecuado. Explicó que el adjudicado deberá negociar servidumbres y pagar lo que corresponda, así como obtener licencias y permisos.

Finalmente, reconoció que el INDE tiene un gran reto por delante, que es la parte constructiva, pero confió en que si concreta el proyecto, saldrá fortalecido.