Este año el salario base de los diputados aumentó de Q9 mil 550 a Q46 mil 700 mensuales, que sumado a las dietas y gasto de representación es de alrededor de Q66 mil. Esto ha provocado indignación ciudadana y, coincidentemente, una reducción en la actividad legislativa. Aunque el 25 de marzo el presidente anunció su reversión, la mayoría de los diputados no la apoyó.

El martes 29 de abril de 2025, el Congreso retomó las sesiones plenarias. Luego de presentar una moción privilegiada respecto al tema del salario, la sesión terminó en tensión: el presidente del Congreso suspendió el pleno sin comprobar el quorum, cerrando con un bochornoso jaloneo entre dos diputadas. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, reflejando la fricción que se vive en el hemiciclo.

La sesión se realizó bajo presión de bloques opositores. El lunes 28, en la reunión de jefes de bloque, se planteó una agenda distinta a la de la Junta Directiva (JD). Al final, ambas propuestas se unificaron. Mientras la JD insistía en abordar el salario de los diputados, la oposición priorizaba la elección de autoridades, reorganización de comisiones y otros temas pendientes.

Tras la suspensión de la sesión del 29 de abril, diputados de oposición (Unionista, Vamos, Todos y UNE) interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), señalando que el presidente del Congreso cerró la sesión sin agotar el orden del día previamente aprobado.

La CC resolvió a su favor y ordenó reanudar la sesión del martes 6 de mayo, al considerar que el presidente del Congreso actuó fuera del marco legal al cerrar la sesión sin agotar los puntos aprobados en la agenda. Sin embargo, se celebró la sesión, pero tampoco hubo avances. Se volvió a suspender por falta de quorum. La oposición denunció bloqueos en los accesos del hemiciclo y fallas en la toma de asistencia por el tablero electrónico. El 9 de mayo, la CC reiteró su orden y fijó nueva fecha: martes 13 de mayo. Es imperativo que sesionen, ya que el primer período de sesiones ordinarias concluye el 15 y debe integrarse la Comisión Permanente, conformada por siete diputados. La oposición busca participar.

Mientras el espectáculo de la recomposición de fuerzas del Congreso acaparaba la atención, el Ejecutivo notificó de forma unilateral una decisión que conmocionó. El 10 de abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió notificación por parte de Guatemala del retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena —acto político contenido en el acuerdo gubernativo 65-2025 del 27 de marzo—, pero publicado en el Diario de Centroamérica el 5 de mayo, con efectos inmediatos. Extraño, comunicar su decisión a extranjeros el 10 de abril, pero publicarlo a los guatemaltecos el 5 de mayo —casi un mes después—.

Al levantar la reserva sin consulta previa, estaríamos los ciudadanos aceptando que cualquier tratado internacional se sitúa por encima de la Constitución. Esto entra en contradicción con el artículo 204 de la carta magna, que señala que toda autoridad observará obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalezca sobre cualquier ley o tratado. El fondo, el trasfondo y la forma de este nuevo asunto, seguramente, traerán en los próximos días mucha división y actividad judicial, lo que deja nuevamente en claro que la ley no se hizo para quien la respeta, sino para quien la transgrede.

En medio del estancamiento legislativo, y las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, la situación es alarmante. Guatemala necesita reencontrar el equilibrio entre poderes, recuperar la operatividad del Congreso y restablecer espacios de deliberación. No hay margen para más improvisación ni artimañas políticas. El momento exige responsabilidad, sentido institucional y un compromiso real con el orden republicano.