En una controvertida maniobra, Bernardo Arévalo decidió retirar la reserva que Guatemala mantenía sobre el artículo 27 de la Convención de Viena (CV) sobre el Derecho de los Tratados. Esta acción, comunicada a las Naciones Unidas antes de ser oficializada, encendió las alarmas en quienes vemos en ella una amenaza directa a la supremacía de nuestra Constitución Política. El levantamiento de dicha reserva es un error que debilita la protección de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

La reserva guatemalteca al artículo 27 no era un capricho diplomático, sino un escudo legal cuidadosamente establecido. Su propósito fundamental era reafirmar un principio consagrado en nuestra propia Constitución: la preeminencia de esta sobre todos los tratados internacionales, con la única excepción de aquellos que versan sobre derechos humanos, tal como lo estipula el artículo 46 constitucional. Este artículo es la piedra angular que define la jerarquía normativa en Guatemala, asegurando que ninguna ley o tratado pueda contrariar las disposiciones constitucionales.

El artículo 27 de la CV establece que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Si bien el principio pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse) es fundamental en el derecho internacional, y Guatemala siempre lo ha cumplido, la reserva permitía a Guatemala matizar esta obligación, alineándola con el respeto irrestricto a su Constitución. Sin este contrapeso, nos enfrentamos a un escenario donde tratados internacionales podrían alegarse como normas de cumplimiento obligatorio, incluso si entran en conflicto directo con nuestra ley fundamental.

La preocupación no es menor. El retiro de la reserva abre la puerta a que se pretendan introducir o imponer en el ordenamiento jurídico guatemalteco disposiciones normativas que no han sido objeto del necesario debate democrático interno.

Es importante destacar la falta de transparencia que ha rodeado esta decisión. El Gobierno no comunicó oportunamente esta medida al Congreso ni a la ciudadanía, ni consultó la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC), ni ofreció una justificación detallada sobre las razones y beneficios de tal acción. Para ajuste de penas, se ha dedicado a burlarse de cualquiera que se oponga, calificándonos de ignorantes. Esta opacidad alimenta la especulación sobre posibles motivaciones ocultas.

Lo peor es que Arévalo no aprendió la lección que le tocó vivir con el Ministerio Público (MP). Cuando algunos insensatos modificaron la ley para que el presidente no pudiera remover al fiscal general, lo hicieron solo viendo el corto plazo, en el que defendían a su paladina, sin entender que más adelante ese cambio podría ser usado en su contra. Quién sabe cuáles sean los objetivos que el presidente y sus asesores creen que conseguirán con esta decisión, pero, ¿habrán sopesado lo que pasará, sin los límites constitucionales actuales, cuando su peor enemigo llegue al poder?

Afortunadamente, ya se presentaron varias acciones en contra. Espero que la CC actúe en defensa de la Constitución, como es su obligación. La Constitución no es una mera formalidad; es el pacto social que nos rige y la garantía última de nuestros derechos y libertades. Su defensa es un imperativo para la salud de lo poco que nos queda de República.

La eliminación de la reserva al artículo 27 nos expone a riesgos innecesarios y sienta un precedente preocupante sobre la forma en que se manejan los asuntos de trascendencia nacional. Los ciudadanos debemos exigir la restauración de esta salvaguarda. En la batalla de las ideas, la libertad se protege con límites claros al poder.