@BermejoGt
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A lo largo del siglo XX el poder político estuvo mayoritariamente concentrado en las élites económicas y militares que lo ostentaban en una simbiosis de autoprotección en contra del comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Así las expresiones políticas muchas veces fueron de militares o bien fueron interrumpidas por golpes militares, mientras que la élite económica ejercía una influencia enorme en la financiación de la política y del control de los medios tradicionales de comunicación. Así el poder militar y el poder económico y discursivo se protegían uno y otro entre sí. El que quería hacer política necesitaba el aval del poder militar directo o indirecto y necesitaba los recursos y medios de comunicación de las élites económicas tradicionales. Los poderes de veto estaban instalados ab initio.

Pero ya a finales del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. La última expresión electoral proveniente preponderantemente de la élite económica fue la del Partido de Avanzada Nacional (PAN). El PAN fue una opción electoral con profesionales y miembros de las alas profesionales de los partidos MLN de los años 70 y que representaban en gran parte los sectores históricos tradicionales. Su programa de reforma económica y de implementación del “Consenso de Washington” llevó a privatizaciones altamente cuestionadas y a profundas reformas del Estado que buscaron cambiar el rol del Estado en la sociedad, de una de prestadora de servicios a una “regulatoria” y de “administrador de contratos”. En muchas formas el andamiaje jurídico implementado en esa época es precisamente el que rige el funcionamiento del Estado guatemalteco a la fecha. Sin embargo, su “éxito” también fue su principal debilidad.

Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes López, binomio del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ganaron las elecciones de finales del 1999 al ganarle en segunda vuelta al binomio del PAN compuesto por Óscar Berger Perdomo y Arabella Castro. En campaña el Presidente Portillo fue muy hábil en criticar por opacas las privatizaciones del PAN y con un discurso populista conectó con el electorado rural. En esas elecciones el FRG obtuvo 63 de 113 escaños en el Congreso de la República, obteniendo 52 distritales y 11 de listado nacional. Nuevamente, al igual que el PAN, con el Ejecutivo y con “aplanadora”, el FRG realizó profundos cambios en la gobernanza del país que hasta la fecha perduran y que, en gran medida, junto con las vastas reformas del PAN constituyen piedras fundamentales del Estado disfuncional que tenemos actualmente.

En materia legislativa, el FRG promovió un modelo de gestión del Estado de forma descentralizada. Su eje de poder político venía de los distritos o de los “territorios” y no era de la capital. Congruentemente, trató de “abrir” la gobernanza del país a los departamentos del interior del país. Quizá en la última reforma administrativa relevante en los últimos 30 años, el FRG aprobó la Ley de Descentralización (Decreto 14-2002), la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) e incluso un nuevo Código Municipal (Decreto 12-2002). Dichas normas tenían un fin loable que era que desde los caseríos, los municipios y hasta los departamentos existieran canales legales para la participación ciudadana en la gestión de los territorios y para plantear necesidades y promover proyectos de obra pública por gestión descentralizada. En esa época se apreciaron esas leyes como instrumentos legislativos necesarios para realizar una profundización democrática de la gobernanza. El modelo degeneró en la “democratización de la corrupción” al politizarse el “Listado Geográfico de Obras” por los diputados distritales, precisamente la base de poder del FRG.

Por otro lado, el gobierno del FRG tuvo un efecto muy importante en el sector de justicia bajo el liderazgo del entonces esposo de la actual candidata a la presidencia Zury Ríos, Roberto López Villatoro, ya que con la promoción de una reforma a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (Decreto 72-2001) reformó la forma en que se elegían autoridades en los colegios profesionales para que tuvieran mayor participación los abogados del interior del país y, con ello y por el cabildeo de esas redes de profesionales, eventualmente logró destronar a las élites que por décadas habían controlado el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) del país (las “Vacas Sagradas” provenientes de los bufetes privados de la capital). Ahora bien, ese afán “democratizador” no era un fin en sí, sino el medio para después él y sus grupos de abogados, tener control del CANG y, con ello, las postuladoras de Altas Cortes y, a la vez, la Corte de Constitucionalidad (CC) para habilitar jurídicamente la candidatura del General Efraín Ríos Montt que era objeto de la prohibición constitucional del artículo 186 (tendrían los votos del Ejecutivo, Legislativo y CANG al poder escoger a los magistrados fácilmente). En esta reforma, aunado a la injerencia que tenía por la cercanía a la cúpula del FRG, algunos ven el origen de la politización de las Cortes y del calamitoso estado en el que se encuentra el sistema judicial guatemalteco.

En materia económica, el FRG se enfrentó al sector empresarial organizado –CACIF– en varias vías. Por un lado, permitió la importación de cemento Cruz Azul en contra de los intereses de Cementos Progreso. Asimismo, permitió la entrada de pollo proveniente de EE. UU. (Tyson y Hudson) en contra de los intereses de CMI. En cuanto al azúcar también se permitió la entrada de Cuba y Brasil de azúcar lo cual afectó al sector azucarero organizado en ASAZGUA. Otra vía en la que se enfrentó al CACIF fue con la promoción de una muy adversada reforma tributaria. El FRG promovió un agresivo programa de creación de nuevos impuestos y elevó el IVA del 10% al 12%. Dicha reforma fue adversada por el CACIF la cual impugnó varios de los decretos aprobados por la aplanadora del FRG dejando muchos sin vigencia. En una forma no antes vista desde 1987-1988 el CACIF promovió un paro del sector empresarial en agosto del 2001 promoviendo un movimiento por la transparencia y en contra de la corrupción del gobierno (el “Día de la Dignidad Nacional”).

De los legados más duradero de la administración del FRG ha sido, en gran medida, la distritalización de la política. El modelo de descentralización de los Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales, y el “Listado Geográfico de Obras” desde entonces, pero más en la actualidad, ha degenerado en un modelo de corrupción que beneficia a los diputados distritales por medio de la obtención de contratos de obras de poca calidad en los distritos. Se ha convertido la moneda de cambio de votos en el Congreso y ha profundizado el decaimiento de la infraestructura vial y de todo tipo en el país. Pero principalmente el legado del FRG, es a mi juicio, el nacimiento o el proceso de nacimiento de una élite política –la élite emergente– independiente funcional y económicamente desvinculada de las élites económicas tradicionales que se financiaba con la corrupción de la política y los intereses rentistas del Estado. Comenzaron a disputar los negocios que tradicionalmente estaba vinculados a las élites tradicionales.

Sin embargo, la reacción se hizo sentir. En 2003 la élite económica tradicional, en pugna con el sector gobernante que “no se alineaba”, decidió promover un esfuerzo coordinado, unificado y financiado para destronar el régimen político del FRG. Así, en un ejercicio extraño, pero entendible para esa época, se hizo una alianza de grupos heterogéneos para conformar la Gran Alianza Nacional (GANA) compuesta por el movimiento M-17, el Partido Patriota (PP) y el Movimiento Reformador, que eran partidos compuestos por miembros de estratos vinculados a las élites tradicionales pero también otros, como el PP, tenían fuertes líderes provenientes de los sectores militares y del sector emergente proveniente de los distritos o territorios no capitalinos. En esa aparente alianza, en realidad se cimentó aún más el proceso de distritalización de la política porque le dio continuidad con una alianza endeble. Sin embargo, pudiera decirse que en las elecciones del 2003 quizá fue la última vez que el sector empresarial organizado hizo un esfuerzo coordinado y efectivo de unificar fuerzas para obtener la Presidencia en miras de reconducir la política luego de la debacle de lo que fue el gobierno del FRG.

Posteriormente la UNE hizo gobierno, y se profundizó más la distritalización de la política y el crecimiento de la élite emergente que se autofinanciaba con la corrupción para hacer política. Sin embargo, el cénit de este fenómeno se dio con el surgimiento del PP al poder en 2012, en el cual, hubo una simbiosis desigual del poder de las élites tradicionales con los nuevos emergentes que, en realidad tenían el control político del PP, y que fue instrumental para hacer su gobierno. Para ese entonces, la ampliación del Congreso a 158 diputados y el sistema electoral de representación de minorías había diezmado las aplanadoras legislativas existentes durante el PAN y el gobierno del FRG. Ahora las aplanadoras se conseguían por pagos directos (“champurradas”) o con negocios estatales.

Luego vino la época del poder de la CICIG. Entre 2015-2018 existió una depuración judicial que “diezmó” y sacó del escenario político a muchas de las figuras del quehacer político en el pasado. Barrió el escenario político una marejada que involucró a la élite política de Guatemala, tanto de políticos como de actores gremiales con influencia. Derivado de la reacción en contra de la CICIG existió una alianza de diversos intereses de detener la lucha contra la corrupción, expulsar la CICIG, cooptar la justicia y de perseguir revancha contra los actores que otrora apoyaron los esfuerzos depuradores. Sin embargo, el diezmo de muchas de las figuras políticas de antaño dejó muchos “vacíos” que fueron llenados en los operadores de la política. En la política, como el agua, si hay espacios se llenan, sea de buena o mala calidad el agua.

Diversos analistas de nuestra realidad han opinado que en este proceso de depuración política, ahora claramente perjudicado a propósito, se dio un proceso de “circulación o rotación de élites” en el cual personajes marginales del quehacer político y jurídico desplazan a los antiguos mandamases del sistema y le “sacan raja” al sistema. Particularmente en la época del gobierno de VAMOS acumularon poder a través de la cooptación en consuno de la institucionalidad republicana (CC, CSJ y MP) y han hecho el trabajo sucio propio y para otros. El escenario del 2023 en el que perdieron el poder y dio surgimiento al ascenso al control del Organismo Ejecutivo a una opción disonante en el contexto de los últimos 20 años no cambia esa realidad. Podemos ver que el poder, particularmente en el Congreso, está en manos, no de representantes de las élites tradicionales, que retiene su poder en el ámbito discursivo primordialmente, sino en las fuerzas políticas que son independientes de éste y que provienen de los territorios. Existe inmovilismo en ciertos sectores porque se les “salieron de las manos”. Pero lo cierto es que el largo proceso de estos últimos 25 años cada vez ha profundizado el fenómeno que cada vez el poder político se tiene en fuerzas u organizaciones políticas con intereses en los negocios estatales y de los sectores emergentes, un decaimiento del poder de los militares y cada vez un aminorado rol de las élites tradicionales en la gestión pública que ya no es necesaria ni para financiar la política ni para controlar el discurso por los medios de comunicación tradicionales. Esa es mi lectura.