Un sistema de justicia no colapsa porque sí. Colapsa porque quienes debían sostenerlo —jueces, fiscales, abogados— fueron cediendo, uno a uno, ante presiones que parecían pequeñas hasta que ya no lo eran. Este patrón no es exclusivo de nuestro país. Sin embargo, hay naciones que, contra todo pronóstico, han luchado por un desenlace diferente.

Georgia era considerada uno de los países más corruptos de su región. Los ciudadanos pagaban sobornos para casi cualquier trámite. La Policía era una red de extorsión uniformada. En 2003 la población dijo basta. El nuevo gobierno disolvió el cuerpo policial completo y lo reconstruyó desde cero con nuevos reclutas y salarios dignos. Se digitalizaron registros y procedimientos judiciales, eliminando la discrecionalidad que alimentaba la corrupción. En menos de una década, Georgia saltó del puesto 133 al 51 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. El Banco Mundial la nombró el reformador más acelerado del mundo.

La lección no es que todo fue perfecto. Es que el cambio fue posible cuando hubo voluntad real, respaldo ciudadano sostenido y decisiones que incomodaron a quienes se beneficiaban del desorden.

En Argentina, cuando su Corte Suprema perdió toda credibilidad, fueron los colegios de abogados quienes organizaron un Juicio Ético público que articuló la exigencia de renovación institucional. No era vinculante legalmente. Era una señal de que el gremio jurídico no sería cómplice del deterioro. Esa presión, combinada con movilización social, terminó por forzar el cambio.

Un colegio de abogados que solo defiende intereses corporativos, sin pronunciarse sobre el estado del sistema en que ejerce, abdica de su función más importante. Los decanos, las asociaciones profesionales, la academia jurídica tienen algo que ningún gobierno puede silenciar fácilmente, la legitimidad técnica y ética para decir cuándo el sistema está mal. Eso supone riesgos. Pero un sistema de justicia enfermo contamina también a quienes lo ejercen.

Estonia reconstruyó su sistema público apostando a la transparencia total como política de Estado. Hoy figura entre los menos corruptos del mundo. Pero lo que hizo posible ese salto no fue solo tecnología, fue una decisión colectiva de no tolerar la opacidad. Los ciudadanos exigieron información. Los medios investigaron. La sociedad civil monitoreó. Las instituciones, presionadas y reformadas, respondieron.

En países donde el sistema de justicia lleva años deteriorándose, la tentación es esperar que alguien más lo resuelva, que el presidente acierte, que el nuevo fiscal sea providencial, que la presión internacional alcance. La historia de quienes lograron salir de ese sistema corrupto sugiere otra cosa; que el cambio no llega de arriba, sino de una exigencia articulada y sostenida que viene de todos lados a la vez.

Guatemala no es la excepción a esta historia: es un capítulo más de ella. Esta semana, el presidente de la República designó a un nuevo fiscal general, quien asumirá el 17 de mayo con retos enormes. Sería ingenuo, sin embargo, esperar milagros de una sola persona. El sistema mismo —sus inercias, sus presiones, sus resistencias internas— está diseñado para desgastar a quien intenta cambiarlo. Ese es, precisamente, el reto mayor, no solo hacer bien el trabajo, sino hacerlo dentro de una estructura que históricamente ha empujado en dirección contraria.

Por eso, el cambio real no depende de un cargo. Depende de que el Colegio de Abogados, las universidades y cada ciudadano decidan acompañar, exigir y sostener. De otra forma, es imposible. Guatemala lleva demasiado tiempo esperando que alguien más la reclame. Ese alguien, esta vez, tenemos que ser todos.