Asociaciones de prensa se manifestaron en contra de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que en diciembre último rechazó la apelación presentada para detener la persecución contra comunicadores.

La acción constitucional de amparo de carácter preventivo contra fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fue presentada el 30 de mayo de 2023. Los ponentes fueron la Cámara de Locutores Profesionales, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Cronistas Deportivos Guatemaltecos, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, la Red Rompe el Miedo Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social.

Según las organizaciones, el amparo se interpuso porque el MP solicitó las publicaciones realizadas en elPeriódico desde el 22 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, lo cual, según el comunicado, hacía evidente “el riesgo de que fuera utilizado el derecho penal como vía para criminalizar la libertad de expresión”.

Las organizaciones indicaron que se busca “evitar la violación plena de los derechos de libertad de expresión y de pensamiento, así como de la libertad de prensa, para cuyo resguardo existen mecanismos prejudiciales constitucionales, como los tribunales de imprenta”.

También señalaron que el 10 de enero de 2024, el Juzgado Quinto Penal resolvió que los casos mencionados no fueran juzgados por la vía penal, sino que un Tribunal de Imprenta debía conocer el expediente. Sin embargo, la FECI apeló dicha resolución.

El 10 de marzo de 2024, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el MP. Sin embargo, la FECI sigue conociendo el caso, pues el Tribunal de Imprenta nunca fue conformado.

“Cabe señalar, además, que como consecuencia de la persecución penal, las violaciones y la falta de garantías que ya se han producido, el diario elPeriódico decidió su cierre tras 30 años de actividad”, refieren.

Resolución

Ante la denegatoria de la Sala Segunda, las organizaciones de prensa y sociales apelaron ante la CC.

Diecinueve meses después, esta Corte declaró sin lugar la acción, pues el amparo “no constituye la vía adecuada para reclamarla, debido a que, como ya se indicó, corresponde tanto al juez o tribunal competente conocer y decidir sobre los mismos, además de que las organizaciones peticionarias no forman parte del proceso”.

“Recalcamos que el amparo es de carácter preventivo, no reactivo; es decir, no busca la corrección de lo actuado una vez emitida una sentencia, sino que tenía como fin evitar violaciones que se han producido a partir de que fuera interpuesta nuestra primera acción, ya que jueces y tribunales han sido responsables de dichas acciones, mostrando su negativa a acatar las garantías judiciales, aun cuando sus decisiones deberían encontrarse bajo el control del poder judicial”, indicaron en el documento.

Además, sostienen que la CC “pareciera no tomar en cuenta que, precisamente, la Ley de Emisión del Pensamiento establece en su artículo 35 que no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Agregaron: “Deben conformarse tribunales de imprenta cuando algún funcionario sienta que han sido vulnerados sus derechos y que, de ninguna manera, debe penalizarse la libertad de expresión, según la legislación nacional e internacional”.

Las organizaciones de prensa manifestaron que lo resuelto vulnera un derecho y una ley con rango constitucional que no puede ser restringido, conforme lo define el artículo 35 de la Constitución.

También indican que, ante esta resolución, se pone en riesgo el trabajo de los periodistas, los medios de comunicación y la libertad de expresión de líderes de opinión, sectores sociales, partidos políticos, iglesias, comunidades y toda persona.

“Las organizaciones de prensa del país exhortan a la máxima Corte a cumplir con sus misiones principales: defender el orden constitucional y proteger los derechos y libertades de los guatemaltecos, lo cual solo será evidente cuando los casos en mención sean juzgados por tribunales de imprenta y sean respetadas las garantías judiciales de las personas ahora criminalizadas”, puntualizaron.

El caso

En febrero de 2023, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue contra José Rubén Zamora Marroquín, quien está detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. La fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthya Monterroso, solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboran con Zamora.