La Corte de Constitucionalidad en pocos días ha tomado dos decisiones con base en el texto legal y en la lógica: la primera, haber mandado al basurero la pretensión gubernativa de afectar la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional a partir de la vigencia de la carta magna en 1984. La segunda, poner en orden a los consejos de Desarrollo Urbano y Rural, COCODES, en el criterio de “arrastre de fondos” de las municipalidades del país, lo cual significaba en la práctica aumento de dinero a disposición de alcaldes y concejos, e incumplía cinco artículos de la carta magna. Por ello Bernardo Arévalo debió vetarla, ante la presión tanto jurídica como social de diversos sectores. Pero el caso de Jose Rubén Zamora aún está en veremos ante la decisión de una corte.

Guatemala es el único país con la Libertad de Emisión del Pensamiento garantizada en la constitución, y esto demuestra la calidad profesional y el beneficio nacional pensado por quienes la redactaron, hace ya 49 años. Gracias a ello, los guatemaltecos han podido expresarse libremente, sin temor a represalia gubernativa alguna. Hace poco, a alguien con mala intención o ignorancia total se le ocurrió poner trabas, en una decisión en realidad el primer pequeño pero terrible paso en el largo o corto camino para la tiranía y la dictadura, con el efecto de existir una verdad oficial. En el gobierno no hay gente capaz de entender, o talvez sí, los alcances del retroceso escondido en normas derivadas de las molestias causadas a un régimen porque se divulgue una verdad distinta.

La CC necesita algunos cambios en la presentación de sus sentencias, con la meta de permitir la comprensión del lenguaje utilizado. Ciertamente, debe ser técnico, apegado al lenguaje jurídico, y eso nadie lo niega, pero es conveniente presentar, antes de los motivos legales del veredicto, un resumen inicial con lenguaje entendible para los ciudadanos. Esto se hace en los documentos científicos, los cuales tienen los llamados “abstracts” (resúmenes breves y claros con el objetivo de ampliar la comprensión del tema, en este caso la decisión de los magistrados). Los documentos no deben estar dirigidos pensando en expertos jurídicos, sino en la ciudadanía en general. Esto es necesario sobre todo cuando las acciones son abiertamente inconstitucionales, como las recientes presiones en contra de la libre emisión del pensamiento.

En este caso, la Asociación de Periodistas de Guatemala presentó una acción de inconstitucionalidad, aceptada por la CC. Pero al tener esa ley el rango de constitucional, con sólo leer lo decidido por el gobierno era suficiente para emitir un fallo o al menos el resumen sugerido, en mínimo tiempo. Es parecido el caso de los COCODES y los fondos de arrastre. Estos, si queda algún un sobrante, deben reducirse a los del año siguiente, porque al no hacerse esto se agregan a los fondos, lo cual puede llegar a significar cantidades millonarias y atraer más a quienes quieran aprovecharse para mal utilizarlos en los cuatro años del período edil, por los alcaldes, síndicos y concejales, abriendo así la puerta a la corrupción. Es una beneficiosa mezcla de lógica y de ley.

En cuanto al caso de Zamora, preso político con 34 meses sin libertad sin duda gracias a la participación de Consuelo Porras, la decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema es buena pero no significa libertad porque se anuló lo actuado pero debe repetirse en otro tribunal y este puede confirmarlo, anularlo o reiterarlo. Pese a ello hay algo de esperanza, mientras la víctima agrega uno de los reconocimientos recibidos entregado el jueves por la actriz Meryl Streep. La víctima aún está en un hilo, pero sin duda la presión nacional e internacional continúa haciendo algo de efecto. Fue, en suma, un grupo de días beneficiosos en realidad para la recuperación del merecido desprestigio del sistema jurídico guatemalteco a causa de la actuación de tantos ignorantes.