Hoy se cumplen tres semanas desde que Donald J. Trump asumió por segunda vez la presidencia de la nación más poderosa del mundo. En materia internacional, en América Latina, el primer mandatario en recibir un mensaje claro y contundente fue Gustavo Petro, el exmilitante de la guerrilla que es al actual presidente de Colombia.

El domingo 26 de enero, a menos de una semana de haber asumido el mandato, Petro negó el permiso de aterrizar en territorio colombiano a deportados. Esto desató, como consecuencia, una serie de sanciones comunicadas por vías oficiales y por un mensaje en red social X del mismo presidente Trump. Quién sabe quiénes se movilizaron en Colombia y en Washington para que al final del día el problema estuviera resuelto y los deportados fueron enviados a recoger a Estados Unidos en el avión presidencial de Colombia.

Considero que este precedente fue anotado por todos los mandatarios del continente y de ahí los resultados del viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, en su viaje a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, en ese orden.

Simultáneamente se dieron los impactos del anuncio de imponer aranceles del 25% a productos enviados de México y Canadá a Estados Unidos versus la negociación directa del presidente Trump con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trump, preocupado de la seguridad de los Estados Unidos por el narcotráfico y la migración ilegal sin controles durante el gobierno de Biden, pidió a Sheinbaum poner a 10 mil agentes de seguridad nacional en la frontera para que, en conjunto, combatan el crimen organizado. Él también se dio a la tarea de definir a los carteles del narcotráfico como terroristas, a través de una orden ejecutiva que seguramente pasará después por el Congreso.

Para resumir los temas de las visitas de Rubio a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Republica Dominicana, su misión transversal tuvo que ver con el crimen organizado transnacional, migración ilegal y deportaciones, el cierre de Usaid y la relación de algunos de los gobiernos con China. Este asunto es independiente a los temas puntuales a resaltar, como serían los temas bilaterales con cada país.

El caso puntual de Guatemala tiene, en mi opinión, tres ópticas: 1) crimen organizado y migración ilegal, 2) inversión en el país tanto privada, pública y extranjera y 3) Usaid y la política. Lo del crimen organizado es un asunto de gobierno con gobierno. Seguramente, Homeland Security y las agencias de inteligencia, bajo instrucciones del presidente Trump, trabajarán con los ministros de Gobernación y Defensa las prevenciones y las acciones.

En el tema de migración ilegal, el gobierno de Guatemala ha informado que ya trabaja en la recepción de los deportados, después de que Bernardo Arévalo aceptó un 40% más de deportados. Eso tiene que ver con mi punto 2, porque para que no vuelvan a irse, deben encontrar dónde trabajar, y para eso es el sector privado el que tiene las posibilidades de la mayor parte de la solución. El gobierno necesita de voluntad política del presidente y de actores eficientes para que se haga toda la inversión necesaria en infraestructura pública y que permitan a la inversión extranjera y local a hacerlo en áreas de oportunidad, como en puertos, petróleo, minería y otros.

El tema de Usaid y la política en el mundo y en Guatemala queda para el siguiente artículo, pero anticipo que se destaparán muchas cosas que han incidido en la política en Guatemala. Es increíble la capacidad del presidente Trump que, a menos de tres semanas en el cargo, logró cerrar el viernes 7 esa institución tan cuestionada en el mal uso de los fondos, financiada por quienes pagan impuestos en los Estados Unidos.