La pugna entre la única magistrada titular y los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral mantiene prácticamente paralítica a la institución rectora de la actividad partidaria y los procesos de elección. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) ha lanzado la alerta acerca del impacto de este marasmo. Si bien estamos a dos años del siguiente proceso electoral, la suspensión indefinida de los magistrados titulares y la incapacidad de diálogo entre los restantes amenaza la labor intermedia, incluyendo el monitoreo de actividades políticas, la revisión de expedientes de nuevas organizaciones y, principalmente, la propuesta de reformas a la Ley Electoral.

El 27 de septiembre del 2023, el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio de cuatro magistrados del TSE, por un caso de supuesta sobrevaloración del programa informático para la transmisión de resultados preliminares (Trep), tras una denuncia interpuesta en junio de ese año, poco después de la primera vuelta electoral, en la cual el anterior oficialismo no pasó a segunda ronda. La jueza no envió a los magistrados a prisión preventiva. El MP apeló ante una sala de Apelaciones que confirmó la libertad bajo una mayor caución y también la suspensión.

El 27 de septiembre del 2024, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Rony López Contreras emitió un voto razonado en contra del fallo de los otros seis magistrados, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Claudia Paniagua, Luis Rosales y Walter Jiménez. Estos denegaron un amparo a los magistrados suspendidos y López argumentó que la suspensión era válida solo si hubiera existido prisión preventiva; de lo contrario, era algo improcedente. Sin embargo, la suspensión se permitió y continúa hasta la fecha.

Supongamos que en aquel abril en que la sala confirmó la suspensión existía razón para suponer que desde sus cargos los magistrados señalados por la Fiscalía —aún no juzgados ni vencidos en juicio hasta hoy— pudieron efectuar alguna maniobra para entorpecer la pesquisa. Pero cuando esta lleva ya más de un año desde el desafuero sin que exista una audiencia de presentación de pruebas, empieza a cuestionarse el porqué del proceso. Si hay pruebas contra los magistrados deben presentarse a la brevedad en un juicio.

Su prolongada suspensión, que ya se acerca al año, es la causa principal de la crisis en el TSE, que está pagando un alto costo, no en dinero, sino en desgaste a la institucionalidad, en inmovilización de procesos y polarización acicateada por vacíos legales. De regreso a septiembre del 2024, el magistrado López hizo ver a sus colegas —cuyas afinidades, nexos y patrones de decisión son bastante evidentes— lo siguiente: “La propia Sala de Apelaciones omite un fundamento legal para la medida ilegalmente impuesta, ya que no tiene sustento ni fundamento legal. Me parece irrisorio, que se avale esta clase de resoluciones, ya que no solo son contrarias a la legislación guatemalteca, sino que marcan un mal precedente”.

En enero último hubo una resolución judicial que permitió a los magistrados titulares regresar a sus cargos para elegir presidente. Se nombró a Gabriel Aguilera, pero el 14 de enero —irónicamente una fecha emblemática para la democracia— fueron suspendidos de nuevo de sus cargos. Queda claro que los magistrados suplentes y la titular pueden y deben hallar una vía para elegir una presidencia interina, pero, sobre todo, que debe empezar el juicio y presentarse las evidencias del supuesto fraude del Trep. A menos que no sea ese el verdadero objetivo de tan largo sainete.