La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligió a Rosa María Payá como nueva comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La disidente cubana, hija de Oswaldo Payá, obtuvo veinte votos, gracias a la presión de la Casa Blanca.

Pero el problema es más de fondo: la CIDH abandonó su misión y se convirtió en un atajo político para grupos que buscan “conquistar en el foro lo que no pueden ganar en las urnas”. Esa distorsión explica por qué comisionados como el guatemalteco Stuardo Ralón y Carlos Bernal Pulido, defensores de un enfoque probatorio y apegado al texto de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), fueron bloqueados cuando les tocaba presidir la institución. Una entidad que debiera ser neutral y objetiva pierde legitimidad cuando se pliega a facciones. A ese deterioro contribuye la Secretaría Ejecutiva, señalada por Bernal de imponer líneas ideológicas y negar a los comisionados acceso pleno a los expedientes.

En la CIDH, las ONG militantes encuentran un observador dispuesto a emitir recomendaciones y solicitar medidas según convenga a su agenda. El resultado es un sesgo selectivo: Venezuela, Cuba y Nicaragua reciben críticas esporádicas, mientras se emiten recomendaciones adversas casi inmediatas contra los demás. Frente a esa parcialidad, Ralón, Bernal y Gloria Monique De Mees han exigido decisiones basadas en la jurisprudencia interamericana y en evidencia verificable. Sus votos razonados, en temas trascendentales como la protección de la vida, la no injerencia indebida de la CIDH y el respeto al texto de la convención por encima de interpretaciones subjetivas, revelan cómo una mayoría aprueba casos sin pruebas suficientes y acelera expedientes, según la ideología del Estado denunciado.

El discurso de Bernal ante la OEA al buscar su reelección denunció la discriminación que ha existido a lo interno, tratando de aparentar un consenso unánime donde no lo hay, y planteó una reforma estructural: portal de transparencia sobre el avance de cada caso, plazos razonables para que los Estados respondan y primacía de los propios comisionados sobre la Secretaría. Los defensores del statu quo han tratado de invisibilizar o minimizar esa labor de los tres comisionados y arguyen que la CIDH necesita “activismo” para proteger a “colectivos vulnerables”. Olvidan que el activismo, cuando suplanta el debido proceso, termina debilitando a quienes dice defender y que el rol de la CIDH es ser un órgano técnico e imparcial apegado a la CADH.

La elección de Payá podría servir de presión, pero todavía no rompe la correlación de fuerzas. La salida de Bernal, vetado para la reelección por la misma coalición ideológica que teme su rigor, mantiene la balanza en contra. Mientras tanto, la administración de Donald Trump redobló sanciones contra La Habana y Caracas, ligando su apoyo financiero a la OEA a un cambio tangible en la CIDH. Esa presión exterior podría acelerar la modernización del organismo; pero también puede profundizar la resistencia interna que lo estanca.

¿Qué hacer? Los Estados miembros deben condicionar su financiamiento a métricas claras y transparentes. La sociedad civil debe abandonar la visión romántica de la CIDH como martillo ideológico y exigir que vuelva a su esencia: emitir recomendaciones apegadas a la CADH, no dogmas creados a base de interpretaciones sesgadas. Si la CIDH recupera la neutralidad, Latinoamérica contará con una institución que fortalezca el estado de Derecho y allane el camino para desmontar dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El futuro de la libertad continental bien podría depender de que la Corte se quite la camisa ideológica y vista, al fin, la toga de la justicia.