El paquete de las nuevas leyes contra migrantes irregulares, conocidas como SB2C y SB4C, fueron aprobadas por el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y entrarán en vigencia el próximo 1 de julio del 2025, por lo cual, algunas cancillerías y consulados de Latinoamérica han decidido lanzar una advertencia para la población migrante.

De acuerdo con el analista migratorio guatemalteco, Fernando Castro Molina, Florida es el estado con el mayor número de inmigrantes indocumentados provenientes de Guatemala; y ante esta situación, se debe advertir de la seriedad de las disposiciones migratorias, por lo que decidió dar a conocer un apoyo de orientación para migrantes.

“Los gobiernos y las instituciones vinculadas al tema migratorio no están publicando ningún material al respecto. Esta información debe de ser compartida con la población inmigrante en Florida”, dijo Castro, quien también es el director de Comunicación Social del Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (CONAMIGUA).

Estas leyes establecen un “Consejo Estatal de Control de Inmigración”, el cual estará conformado por el gobernador DeSantis, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el jefe financiero de Florida, donde todas las decisiones serán “de forma unánime” y también deberán cooperar con el gobierno en la aplicación de medidas migratorias.

Las nuevas leyes antimigrantes en Florida

Las leyes SB2C y SB4C impondrán penas más estrictas para las personas indocumentadas que cometan un delito en el estado de Florida, y además, la exigencia de las sentencias será obligatoria, especialmente para los migrantes en situación irregular que cometan crímenes o pertenezcan a una pandilla transnacional.

A su vez, las leyes también consideran la eliminación de beneficios estatales en el estado de Florida para todos inmigrantes indocumentados en el ámbito educativo, judicial y de movilidad, como por ejemplo, la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), la cual provee subvenciones para los que enfrentan dificultades económicas.

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Por otro lado, las nuevas leyes exigen la detención preventida para todos los migrantes que cometan delitos graves, y así poder determinar si aplican para la condena de muerte automática; aunque según el analista migratorio, Fernando Castro Molina, existen antecedentes en donde este tema ha sido rechazado por la Corte Suprema.

La corte más importante del sistema judicial estadounidense considera que la pena de muerte no se debe aplicar de forma automática, “ya que es cruel, inhumana y degradante”; a pesar de eso, las nuevas medidas planean aplicarla en indocumentados condenados por asesinato, secuestro y otros delitos graves de muerte.

Ante esta situación, diversos funcionarios demócratas y la mayoría de defensores de los derechos de los migrantes, han argumentado que las disposiciones de las nuevas leyes son “inconstitucionales“, citando precedentes de la Corte Suprema, por lo cual, se espera que en el futuro se expongan acciones legales en contra de las medidas.

“Con las nuevas leyes que entrarán en vigencia el 1 de julio, los inmigrantes no tendrán derecho a solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación en el estado de Florida, debido a que la conducción sin licencia se considera un delito grave para los inmigrantes indocumentados”, agregó el analista migratorio guatemalteco.

Cuando las medidas entren en vigor, el gobernador DeSantis podrá suspender a todos los funcionarios locales que no cumplan con los mandatos referentes a la aplicación de las leyes de inmigración y el republicano planea motivarlos con el otorgamiento de bonos para los agentes que participen en operativos de redadas y deportaciones.

"Sé una cosa: La mayoría los quiere aquí. Hacen un gran trabajo. Si no fuera por gente como ustedes, no seríamos un gran país", así alienta un ciudadano estadounidense a migrantes en Tampa Bay #Floridapic.twitter.com/P6O9E8Udb7

— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 17, 2025