El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras busca intervenir en asuntos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), tal como lo hizo en 2016, cuando la Fiscalía General era dirigida por la exfiscal Thelma Aldana.

La Fiscalía contra la Corrupción confirmó las intenciones luego de unas diligencias judiciales que se llevaron a cabo el pasado viernes 12 de julio en las oficinas centrales de la EPQ.

Añadió que la Junta Directiva de la EPQ trabaja con normalidad y que el MP cree que se va a decretar una intervención.

IGUAL QUE EN 2016

La investigación del MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) daba cuenta de supuestas irregularidades, entre estas el pago de sobornos, en la firma del contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal, para que la primera construyera y operara una nueva terminal de contenedores por 25 años en un terreno de 34 hectáreas, esto en 2016.

El enfrentamiento, de hecho, viene desde antes, puesto que el MP intentó a toda costa desacreditar los resultados electorales para que el gobierno de Arévalo no asumiera el cargo.

Al ser una orden judicial, el presidente Jimmy Morales se vio obligado a acatar la orden de intervención.

A esta publicación le siguió un video de sus voceros, quien expuso que “esta diligencia busca obtener datos cruciales para el desarrollo de la investigación en curso”.

La petición tuvo lugar después de que la Fiscalía de ese entonces llevara a cabo una serie de investigaciones sobre supuestas irregularidades en el contrato de usufructo firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal y TCQ, una empresa que habría sido constituida “de manera emergente para simular un contrato de usufructo”, dice en una publicación del 2 de junio de 2016, que todavía está en los registros del MP.

La Hora hizo una solicitud de comentarios a la oficina de Comunicación del MP; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se habían pronunciado.

En una conferencia de prensa el 8 de diciembre de 2023, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dijo que a su juicio las elecciones eran “nulas”.

Como en otras diligencias que han levantado suspicacias en diversos sectores sociales, esta nueva investigación se originó a raíz de “denuncias ciudadanas”, publicó el medio Prensa Libre, quien cita a funcionarios de la oficina de Comunicación Social del MP.

Por su parte, el presidente Arévalo calificó este lunes 15 de julio las acciones del MP como una medida de “hostigamiento e intimidación”; no obstante, recordó que la Constitución le da al poder Ejecutivo la facultad de intervención.

Sin embargo, el MP no aclaró a La Hora si a raíz de la investigación se pediría intervenir la EPQ o si esto puede ser interpretado como una intención de entrar en un nuevo pulso con el Organismo Ejecutivo, con quien ha estado enfrentado desde el inicio de la gestión del presidente Bernardo Arévalo.

Que el MP pida la intervención de la EPQ no es algo nuevo.

ACCIONES INTIMIDATORIAS

En el caso también fue señalado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En su cuenta de X, el MP precisó que el objetivo de la diligencia fue “recabar información relevante sobre la posible intervención de dicha entidad”, y acompañó la publicación con fotografías de una fiscal, de espaldas, mientras ingresaba a las oficinas.

En 2016, la exfiscal Aldana solicitó ante un Juzgado de Extinción de Dominio la intervención de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), lo cual fue declarado con lugar.

POSTURAS

Prensa Libre publicó una postura de dicha oficina en la cual asegura que el propósito de la diligencia efectuada el 12 de julio era pedir a la EPQ información que debía entregar en cinco días, entre estas un informe de “posibles procedimientos que allí se podrían estar realizando con el propósito de que se esté gestionando una posible intervención”.

La diligencia siembra dudas en los usuarios de la EPQ que, en estos días atraviesa incertidumbre por cómo continuarán sus operaciones luego de que una decisión judicial del pasado 11 de junio anulaba el contrato entre esta y APM Terminals.

#MPfuerteYfirme#MPcontraLaCorrupción
➡️ Diligencias de la Fiscalía contra la Corrupción en las oficinas de la Empresa Portuaria Quetzal, con el objetivo de recabar información relevante sobre la posible intervención de dicha entidad. pic.twitter.com/4iu9c81R5z

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 12, 2024

El pasado viernes, La Hora consultó la postura de la presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carmen Torrebiarte, dado que la acción que el MP llevó a cabo esta mañana tiene implicaciones en los puertos del país.

Sobre el allanamiento que realizó la fiscalía, Torrebiarte destacó que si la diligencia se llevó a cabo, es porque el MP tendría alguna denuncia en curso, de la cual se desconoce.

«Torrebiarte indicó que tiene que ser la EPQ la encargada de resolver el tema, puesto que esos son ‘temas legales en los que es difícil opinar'», dice la nota.

Acción del MP en contra de EPQ complica tema de puertos