En Guatemala los relojes suelen tener vida propia: algunos caminan lento, otros se detienen y unos pocos corren a toda prisa cuando conviene. En el mundo de la administración pública, el tiempo casi siempre se congela: proyectos que tardan años en arrancar, hospitales que nunca se terminan, carreteras que envejecen antes de inaugurarse. Y de pronto, como si fuera un hechizo, aparece en el Congreso una iniciativa que promete romper el embrujo: la Ley de Agilización de la Inversión Pública.

Nos la presentan como la varita mágica que hará que los relojes avancen al ritmo de la necesidad ciudadana. Pero detrás del truco, lo que se esconde es la trampa de siempre: saltarse los controles, esquivar la fiscalización y abrir un portal donde la urgencia se convierte en excusa para gastar sin transparencia.

El Congreso discutirá la llamada Ley de Agilización de la Inversión Pública (Iniciativa 6576) promovida por diputados oficialistas. A primera vista, la propuesta parece un remedio frente a la eterna incapacidad de este gobierno para ejecutar el presupuesto. Se ofrece como un régimen “temporal” de tres años que promete acelerar proyectos estratégicos en infraestructura, salud, educación, agua y saneamiento.

Pero tras esa fachada de urgencia se esconde el verdadero objetivo: saltarse los procesos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, menos filtros, menos controles y menos transparencia en el uso del dinero de todos.

No es un secreto que Guatemala tiene un problema serio de ejecución. A junio de 2025, apenas el 18.5% del presupuesto destinado a inversión física se había usado, mientras que más del 43% se gastó en funcionamiento. En otras palabras, los quetzales fluyen para mantener la burocracia, pero no para la inversión públoca como construir hospitales, escuelas o carreteras.

Ese es el problema real. Y ante esa incapacidad de planificar, priorizar y ejecutar bien, la solución que se pone sobre la mesa no es mejorar la gestión pública, profesionalizar a los equipos técnicos o simplificar trámites sin sacrificar control. No. La solución que se ofrece es abrir una puerta trasera, para que durante tres años el Estado pueda contratar con discrecionalidad, al margen de las reglas que fueron diseñadas para prevenir abusos.

La pregunta es inevitable: ¿queremos mejorar la ejecución presupuestaria en la inversión pública a cualquier costo? Porque eso es lo que esta ley representa. Puede que suban las cifras de inversión en los informes trimestrales, pero ese número no dirá nada de la calidad del gasto público. Y en un país como el nuestro, donde la corrupción ha carcomido cada espacio posible, lo que necesitamos no es gastar más rápido, sino gastar mejor.

Una escuela construida sin fiscalización puede terminar en aulas que se inundan a los pocos meses. Un hospital levantado sin procesos transparentes puede convertirse en un cascarón vacío, sin equipo ni personal. Una carretera adjudicada sin controles puede costar el doble de lo presupuestado. La verdadera medida no es cuánto se gasta, sino cuánto se transforma la vida de los ciudadanos.

Por eso, la iniciativa de “agilización” no es una apuesta por el desarrollo, sino un atajo para inflar estadísticas y abrir espacio al clientelismo. No se trata de acelerar con rumbo claro, sino de correr con los ojos vendados.

Guatemala no necesita leyes que conviertan la opacidad en norma. Necesitamos fortalecer la planificación, priorizar proyectos estratégicos, transparentar cada quetzal y garantizar que las obras sean útiles, duraderas y de calidad. El verdadero reto no es ejecutar más, sino ejecutar bien.

Dejar pasar esta iniciativa sería retroceder veinte años en materia de control del gasto público. Es legalizar la discrecionalidad bajo el pretexto de la urgencia. Y al final, lo que se “agiliza” no es la inversión: es la corrupción.