Con 83 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el decreto 9-2025, que propone que las iglesias e instituciones benéficas no estén obligadas a realizar estudios de impacto ambiental.

El Congreso de la República aprobó en redacción final la iniciativa 5698, que establece nuevas reformas al Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, junto con una enmienda por adhesión que exceptúa a las iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios de impacto ambiental.

El decreto 9-2025, deja obligatorio el estudio de impacto ambiental para cualquier obra o actividad comercial que pueda producir deterioro a los recursos naturales o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional.

La norma incluye multas de hasta Q100 mil para eI funcionario que omitiera exigir el citado instrumento y para el comercio que no lo tuviere. Además, indica que de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado.

Pero el decreto aprobado este martes, agrega un párrafo tras una enmienda, la cual establece que: “se exceptúan de la aplicación del presente artículo las actividades realizadas por instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal que no emita fluidos y gases contaminantes y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura”.

La diputada Karina Paz, afirmó que el decreto 9-2025 es inconstitucional, ya que brinda privilegios a las iglesias, organizaciones sin lucro, proyectos estatales y municipales, para que no tengan estudios de impacto ambiental, por lo que adelantó que estará presentado acciones ante la Corte de Constitucionalidad.

Al mismo tiempo, la diputada Oficialista, Ivanna Luján, manifestó que la ley no puede ser selectiva hacia un solo sector, porque se está cayendo en impunidad ambiental. Además, comentó que se le pedirá al Presidente Bernardo Arévalo el veto presidencial para esta normativa.

Otro de los legisladores que mostró su postura, fue el diputado Julio Portillo, quien antes de su vida política, incursionó como pastor evangélico. Portillo agradeció a Dios y a los legisladores por la aprobación de esta normativa, ya que con ella, asegura que se le están dando las herramientas necesarias a las ventas informales y a las iglesias en general.

La propuesta que hoy se ha convertido en decreto, fue presentada en la legislatura anterior, específicamente en el año 2020, por el entonces diputado Armando Castillo y cinco años después, los diputados de una nueva legislatura consideraron que era viable su aprobación y con el voto favorable de 83 legisladores, se ha plasmado como un nuevo decreto.

Ahora el Presidente Bernardo Arévalo tendrá la responsabilidad de nuevo, si decide sancionar o vetar este decreto ley.

Por Bryan Choy