No hay guatemalteco, dentro y fuera del territorio nacional, que no se conmueva ante la dantesca tragedia del autobús extraurbano, que cubría una ruta entre El Progreso y la capital, mortalmente accidentado la madrugada de ayer en la Calzada de la Paz. Allí viajaban padres, madres, hijos, hermanos, nietos, abuelos, que se dirigían hacia sus hogares, centros de estudio o de trabajo. Algunos pasajeros provenían desde San Antonio La Paz y otros fueron abordando en el trayecto; sus existencias confluyeron en un brutal suceso al filo del alba del 10 de febrero de 2025.

El pesar de las familias de fallecidos y heridos es el de toda Guatemala. Desde tempranas horas, los guatemaltecos siguieron minuto a minuto, por diversos medios de comunicación, la denodada tarea de rescate de cuerpos efectuada por Bomberos Municipales, Voluntarios y la Cruz Roja, trabajando como un solo equipo; también policías nacionales y municipales, mano a mano, junto a personas particulares que contribuyeron con su esfuerzo físico, pero también donando alimentos y agua para los socorristas.

Este es uno de los más graves incidentes viales de transporte de pasajeros, y podría convertirse en el más mortífero de la historia. El 9 de septiembre de 2013, otro autobús se precipitó a un barranco en San Martín Jilotepeque, y murieron 54 personas: el mismo saldo que llevaba hasta el cierre de esta edición el percance de marras. El costo humano, emocional, de lutos y desamparos es simplemente incalculable en cada tragedia vial, pero en este caso, por su magnitud, debe mover a la reflexión, a la acción y a la transformación de factores de prevención. Hay muchas conjeturas aún sobre la causa del siniestro, pero, por respeto a las víctimas, a sus familias y a todos los guatemaltecos, es indigno especular.

Peor aún lo es tratar de sacar rédito de imagen como lo intentaron varios politiqueros irresponsables, indolentes e inescrupulosos. Mostrando aparente consternación, se podía deducir un afán de protagonismo deleznable. También surgieron, de súbito, propuestas de resarcimiento por parte de diputados; otros ofrecían proveer ataúdes gratuitos. Quizá hay genuina solidaridad en algunos casos, pues cabe el beneficio de la duda, debido a la conmoción pública. Eso mismo haría ruin cualquier otro propósito ajeno a la empatía y la caridad.

¿Qué es lo que sí pueden hacer los políticos y diputados? Lo que no han hecho en esta legislatura ni en las anteriores: crear una nueva Ley de Tránsito, actualizada, pertinente y con criterios técnicos, que en efecto sirva para prevenir percances y sancionar a los pilotos infractores de todo tipo de vehículos. Lo mismo cabe decir de la Ley de Transporte, que data de 1943 y cuyo reglamento tiene ya más de 30 años. La propia Gremial de Transporte de Pasajeros solicitó una mesa de trabajo para ese cometido: este es el momento de pasar de las excusas a las acciones, de las poses demagógicas a las propuestas concretas debatidas de cara a la ciudadanía.

En 2024 se registraron ocho mil 354 percances viales en el país: 363 más en comparación con el año 2023. Fallecieron dos mil 352 personas, incluidos peatones y más de 900 motoristas. Sí, tiene incidencia el aumento inercial del parque vehicular, pero diversos sectores coinciden al señalar factores como la falta de educación vial, ingesta de alcohol, velocidad excesiva y la laxitud de las normas, que no tienen mayores mecanismos para limitar o restringir licencias. En el caso de conductores de transporte público, urbano o extraurbano, tales reglas pueden marcar una diferencia, literalmente, de vida o muerte.