Esta semana hemos visto cómo, en los medios de comunicación y redes sociales, han salido a luz pública varios casos de “corrupción”, donde involucran familiares cercanos de funcionarios públicos, quienes supuestamente se han enriquecido a costillas de “negocios” turbios y que les ha permitido agenciarse de jugosas sumas de dinero.

Pero este dinero no es producto de su esfuerzo personal, mucho menos laboral, sino que podría provenir de la función pública que desempeñan sus familiares, quienes de la noche a la mañana han puesto de moda la compra de apartamentos en sectores residenciales de lujo y de exclusividad.

Estos casos se vienen a sumar a la larga lista de “politiqueros”, quienes llegan a puestos gubernamentales y que en menos de cuatro años se convierten en los nuevos ricos de esta nación, la cual está catalogada como el sexto país más corrupto de América latina y que nos hace ver mal ante los ojos de los países del mundo.

Lamentablemente los partidos políticos impulsan “politiqueros” que se han convertido en empresarios, porque invierten, en tiempo de campaña política, para “cosechar” al llegar a ocupar los cargos que les ofrecen con tal de que sean los financistas y que al estar en el puesto les permiten servirse a manos llenas. Obvio tienen que recuperar el “pisto” invertido.

Hemos visto y escuchado grabaciones donde los “politiqueros” hablan de cómo van a convencer a los financistas, para que les den millonadas que les permita, subvencionar las campañas políticas, que realizan para llegar al “guacamolón”, como se le conoce a la sede del presidente de la República.

Este anómalo proceder es de conocimiento de la opinión pública guatemalteca y no tengo que escribir mucho porque es Vox Populi (lo que es conocido y repetido por todos). La corrupción está a simple vista y todos los días vemos casos de casos, pero lo que si brilla por su ausencia es la justicia.

En Guatemala en los últimos tres gobiernos, de la mal llamada era “democrática”, nos hemos visto en trapos de cucaracha, la justicia se volvió selectiva y los entes encargados de hacer valer las leyes fueron politizados, con operarios faltos de credibilidad y reputación.

La función de los organismos del Estado se tergiversó, hasta convertir las leyes en herramientas para sacar de la jugada a los contrincantes políticos, tal como sucede en Nicaragua, donde no es de extrañar por el tipo de gobierno que tiene el pueblo “pinolero”.

Hemos visto cómo se sacan de la manga, delitos que no son creíbles y lo que sí merece ser perseguido pasa desapercibido. No puede ser que un país que está catalogado como de los más corruptos en el continente, los casos de corrupción brillen por su ausencia.

Los “politiqueros” saben que en Guatemala no pasa nada y es por esa razón que cometen los abusos que conocemos, que se les dejan hacer. Vemos casos en los cuales los funcionarios públicos viven en lujosas mansiones o bien que se compran modernos apartamentos, en edificios de lujo.

Estos personajes de la “política chapina” por esfuerzo propio no pudieron hacer el dinero que manejan y lo lograron de una manera descarada como por “arte de magia”. Incluso a muchos de ellos los “gringos” les han quitado las visas y ahora se llenan la boca diciendo que no les gusta ir a suelo estadounidense.

Los “nuevos ricos”, esos “piratas modernos” se han conculcado para saquear las arcas del Estado, se han dedicado a llenarse los bolsillos a “manos llenas”, sin que los encargados de impartir justicia muevan un solo dedo para evitar que los impuestos sean desviados para cuentas personales y de sus familias.

Esperemos que el nuevo gobierno, que ha empezado con el pie izquierdo, con el caso de la inscripción del Movimiento Semilla, nos den muestras de que van hacer diferentes las cosas, que van a combatir la corrupción y que van a actuar contra las mafias que tienen cooptado el Estado.

Por ese motivo es necesario que deben transparentar lo que sucedió en el 2018, cuando fue presentada la papelería de inscripción y que los responsables de ese hecho paguen por sus actos anómalos. Los guatemaltecos no debemos permitir que los “politiqueros” sigan metiendo sus “sucias manos” donde no deben y enseñarles que deben respetar el Estado de derecho.

Aunque los ex constituyentes de 1993 aseguran que hicieron la norma para que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), no fuera “manoseada” por el Organismo Judicial (OJ), hemos visto cómo en las dos últimas elecciones Generales, se ha vuelto normal que los “politiqueros” planteen recursos legales para lograr “vendettas” y hacer que no participen los contrincantes políticos.

Esto no puede suceder en una democracia, los partidos políticos deben respetar la decisión del voto y los administradores de justicia no pueden meter sus manos para poner y quitar candidatos que convengan a determinados sectores, quienes tienen sus intereses propios.

Pero para lograr todo esto se debe fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la integración de juristas honestos y que no tengan colas políticas que les “machuquen”, deben ser personas honorables y que con sus actuaciones den credibilidad al electorado para acudir a las urnas.

En las dos últimas magistraturas nos han quedado a deber, los procesos electorales han tenido manchas por la forma como se desarrollaron, las candidaturas fueron judicializadas, cuando la decisión de inscribir a los participantes corresponde directamente al TSE, pero con personas honorables y no como ha sucedido con la séptima magistratura.

En estos ocho años últimos, se ha enquistado en el Registro de Ciudadanos una familia, que ha logrado que sus parientes tomen las riendas, de una unidad muy importante para el proceso electoral y se han dedicado a “mercantilizar” la formación e inscripción de partidos políticos.

Esta gente tiene “tentáculos” familiares con políticos que han estado por años en la palestra electoral y que con su ambición de poder han corrompido una entidad estatal que tiene que tener gente honesta, para preservar la transparencia de las Elecciones Generales para presidencia de la República, diputaciones y alcaldías municipales.

Pero lo que ha fallado en nuestra democracia, es el sistema de Partidos Políticos, esos vehículos electorales que funcionan como “cacicazgos” y que ven la política como un negocio y no como una parte importante de la democracia, donde se involucra la paz social.

La función de estos “caciques” debe ser administrar los impuestos y no “despilfarrarlos”, porque los mismos deben ser invertidos en la búsqueda de desarrollo para los habitantes de este país. Lo cual no vislumbra por ninguna parte y solamente permite que cada cuatro años lleguen “piratas modernos” a saquear las arcas del Estado.

Es bien importante que definamos qué es un Partido Político: “es la asociación de personas que comparten una misma ideología y que buscan participar o conquistar el poder”. Aunque en Guatemala se han convertido en empresas, manejadas por un “caudillo” que dice qué hacer y qué no tiene identidad propia, sino que intereses “mezquinos”.

Los guatemaltecos nos debemos de interesar para que nunca más vuelva a suceder lo que hemos vivido en estas elecciones 2023-2028, cuyo cierre ha sido anunciado el pasado 31 de octubre, el cual finaliza inmerso en una crisis política que nos mantiene sumergidos, en una serie de problemas que afectan la paz nacional.

Todos los ciudadanos tenemos la obligación de velar porque se respete la democracia y que no se rompa la institucionalidad del Estado, porque eso repercute en nuestras familias y en la economía de un país, que se preocupa por salir adelante, con trabajo digno.

Las ansias de poder de unos pocos nos tienen de rodillas y le quitan la posibilidad de una mejor calidad de vida a nuestros hijos y nietos, quienes su principal meta es buscar el mal llamado “sueño americano”, porque en su patria no tienen la menor oportunidad de desarrollarse para tener un futuro digno.

No nos debe sorprender la crisis sociopolítica que se vive, existe un descontento entre la mayoría de la población, estamos enfrentados en la ideología de derechas e izquierdas y eso no es bueno para los guatemaltecos, aquí lo que se debe pensar es en mejorar la infraestructura, la educación, la salud y la seguridad de un país con bajos índices de desarrollo.

Estamos a 60 días de terminar un mandato presidencial, cuyas luces y sombras serán recordadas por la historia y creo que lo único que se ha cumplido en estos cuatro años son las palabras célebres del discurso político de Alejandro Giammattei Falla, de cómo no quería ser recordado para la posteridad.