La integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 ha tomado un nuevo giro.Esto luego de la alerta que el presidente Bernardo Arévalo realizó el pasado martes 3 de marzo, por medio de un mensaje emitido en el Palacio Nacional de la Cultura sobre el supuesto apoyo que Estados Unidos habría solicitado para impulsar las postulaciones del magistrado titular de la CC, Roberto Molina Barreto, y de Consuelo Porras, fiscal general, para que fueran elegidos como magistrados constitucionales en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respectivamente.

A poco menos de dos semanas de que venza el plazo constitucional para integrar la CC para el nuevo período, analistas coinciden en que el balance que adopte la integración del tribunal constitucional definirá la correlación de fuerzas durante los próximos cinco años.

Luego de la elección realizada en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tres de los cinco entes electores establecidos por la ley, será el Congreso donde la elección cobrará mayor relevancia, ya que el resultado que se dé en el Legislativo podría definir de qué lado se inclinará la balanza en la Corte de Constitucionalidad, aseguran los expertos.

Nuevo escenario

Según explica Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, el mensaje del presidente Arévalo tuvo eco en el Congreso, donde las reacciones de los diputados no se hicieron esperar “después de un primer susto”, creando un “nuevo escenario” en el que ya no figuran nombres como el de Roberto Molina Barreto o Rony López, que se perfilaban como los favoritos en la elección.

“Lo que se ha formado es un nuevo escenario en donde ya no estarían sobre la mesa necesariamente los nombres de los magistrados Rony López y Molina Barreto, sino estarían entonces buscando otras opciones que no representen tanta confrontación y que puedan ser figuras que puedan ser más aceptables, aceptadas por más diputados. Entonces, esto podría ser interesante a ver qué nombres surgen”, afirma Ibarra.

Según la experta, hay tres perfiles que han comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas en el Legislativo: los abogados Flor de María Gálvez, Jary Méndez y Manuel Mejicanos, quienes gozan de una “buena trayectoria profesional”.

“Jary Méndez es una exintegrante de las comisiones de postulación muy respetada, una decana muy respetada de la Universidad del Istmo, alguien que goza de amplísimo respeto en el ámbito académico y por supuesto que en el círculo de abogados en el que ella se mueve. Luego está la magistrada Flor de María Gálvez, que, si bien le señalan su parentesco con el exrector, Estuardo Gálvez, es una de las magistradas que siempre ha salido muy bien puntuada y siempre ha tenido, si no el voto unánime de las comisiones de postulación, ha tenido siempre un voto muy mayoritario, quizá casi siempre ha sido postulada por unanimidad a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones. Y el abogado Manuel Mexicanos, a quien también se le menciona, tuvo una larga trayectoria en la Corte de Constitucionalidad, creo que incluso en la época de Molina Barreto, goza del respeto y por supuesto que hay muy buenos comentarios sobre su persona”, afirma Ibarra.

A criterio del politólogo Renzo Rosal, esta situación hace que los cabildeos y consensos entre los diputados sean mucho más intensos por parte de los dos grupos en el Congreso que intentan llevar el curso de la elección dentro del pleno: el grupo que aún integra el denominado “pacto de corruptos” y el grupo “emergente”, integrado por bloques de diputados afines al Ejecutivo.

“Lo que estamos viendo es que hay dos posiciones, dos bloques. Uno que responde al denominado Pacto de Corruptos que está liderado por Alan Rodríguez, por el diputado Arzu, por el diputado Alejos, que son los que están tratando de insistir en la candidatura de Molina Barreto. Y por el otro lado hay un bloque emergente donde está el diputado Luis Aguirre, Adim Maldonado, Nery Ramos y Samuel Pérez, es el bloque que podemos denominar oficial que estarían impulsando a algún otro candidato. Entonces, creo que ese es el punto central, porque de esta votación va a depender la correlación de la próxima Corte de Constitucionalidad. Es decir, si hay un 3 a 2 con signo esperanzador o un 2 a 3 con signos de desaliento para el país”, asegura.

Rosal también destaca otro aspecto importante dentro de la conformación de la Corte de Constitucionalidad para este período, y es que tendrá como uno de sus escenarios principales el desarrollo de las elecciones generales del 2027. En este aspecto, asegura que también surgen los intereses del grupo opositor de diputados para que Molina Barreto continúe en la titularidad dentro de la CC, ya que durante el desarrollo del proceso electoral pueden surgir amparos y acciones que busquen beneficiar candidaturas a distintos cargos en sus respectivos partidos políticos.

“Para el año electoral es fundamental meter en la ecuación precisamente quién sería el magistrado o magistrada que, por temas de edad, le tocaría ser el segundo presidente de la CC, porque va a ser el que en buena medida maneje los hilos de la corte en un año en donde evidentemente va a tener mucho trabajo, porque se le van a presentar muy seguramente gran cantidad de amparos por el tema de las candidaturas, por el tema de inscripción de candidatos”, asegura Rosal.

Debido a que la presidencia de la CC se define de manera descendente del magistrado de mayor edad al de menor edad, en el primer año la ostentaría Astrid Lemus y en el segundo año, de haberse concretado la elección en el Congreso, la ostentaría Molina Barreto, lo que representaría una ventaja para los diputados que lo respaldan, afirma Rosal.

Panorama en el Ejecutivo

En cuanto a la elección en el Organismo Ejecutivo, los expertos indican que el presidente cuenta con alternativas confiables para llevar a cabo la designación, ya que la convocatoria emitida por la Presidencia de la República generó “confianza” para que profesionales con buena trayectoria académica y profesional pudieran optar por presentar su expediente, descartando a otros entes electores.

En este sentido, Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que el gobernante Bernardo Arévalo tiene buenas opciones para llevar a cabo la designación del magistrado titular y del suplente de la CC por parte del Organismo Ejecutivo.

“Sobre el Ejecutivo yo creo que el presidente tiene una nómina de profesionales muy relevantes y de muy buen nivel, de manera que va a tener poca dificultad para designar, porque las personas que presentaron su currículum, pues algo dicen con haberlo presentado ante el Ejecutivo y no ante las otras instancias, y es gente en su mayoría de mucho valor”, asegura.

También considera que en el Legislativo se hará “un cabildeo muy fuerte” para poder definir quiénes serán sus representantes ante el tribunal constitucional. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, indica que la magistrada Dina Ochoa “no se posicionaba como favorita” para la reelección, pero luego del mensaje del presidente Arévalo “la Corte Suprema de Justicia asumió un espíritu de cuerpo y tomaron una decisión alternativa”.

Por su parte, Rosal considera que, si bien la nómina está integrada por profesionales de muy buen perfil y trayectoria, el presidente también debe considerar otros aspectos importantes que le permitan llevar a cabo una designación acorde y fundamentada.

“Esa dupla, en el caso del Ejecutivo, creo que tiene que ser pensada muy estratégicamente. Es decir, si el presidente Arévalo quiere optar por dos personas ya de experiencia, que tengan, no sé, tres, cuatro décadas de experiencia, o si bien opta por una suerte de una combinación entre un profesional experimentado y un profesional en términos de edad un poco más joven, pensando en la necesidad también de impregnarle nuevos aires a la corte de constitucionalidad. O si va a optar por personas que le son muy cercanas a él, personas que hoy por hoy están inclusive asesorando al ejecutivo, o si va a apostar por personas de buen calibre, digamos de buen perfil, pero que hoy por hoy no son necesariamente cercanas al ejecutivo o al presidente como tal”, afirma Rosal.

El 13 de marzo es el plazo que tiene el Organismo Ejecutivo para llevar a cabo la elección de sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, ya que la ley establece que los cinco entes electores deberán realizar la elección al menos un mes antes de que tomen posesión del cargo, que será el 14 de abril del presente año.