Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son representantes de las entidades que los (las) eligieron. Una vez en los cargos solo responden a su mandato de garantizar la vigencia de la Constitución Política del país. Su “función esencial es la defensa del orden constitucional” (Artículo 268 constitucional).

La designación que hacen las instituciones que define la Constitución (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Presidencia y la Usac) es sólo eso, una designación, no eligen a un representante de ellas. Lo que deberían garantizar no es solo el cumplimiento de los cuatro requisitos que legalmente se requieren para ser Magistrados (Arto. 270 de la Constitución). Ellos o ellas deben ser independientes, ilustrados en la materia, honorables, comprometidos hasta la muerte con el pacto social que es la Constitución.

En el caso de la actual CC, los Magistrados (as) llegaron con propósitos definidos. En el caso del Colegio de Abogados, la magistrada electa llega comprometida con la recuperación de la institucionalidad cooptada por las redes político criminales; en el caso de la electa por la Corte Suprema de Justicia, llega comprometida con el sostenimiento del status quo prevaleciente en las cortes cooptadas por las redes político criminales; en el caso de la Usac, la Magistrada llega por las maniobras que ha hecho el Rector fraudulento para elegirla en un Consejo Superior Universitario ilegítimo y, por lo tanto, es de esperarse su fidelidad a los intereses espurios de Mazariegos; en el caso del Magistrado electo por el Congreso, la Embajada gringa y las élites empresariales forzaron el voto de los diputados para que Bernardo Arévalo mantuviera una espada de Damocles sobre su cuello para que no osara expresar su filiación al progresismo; y en el caso de la Presidencia, la Magistrada designada es una mujer capaz, honesta, ilustrada, que no produce escozor en las élites empresariales. Siempre conciliador, institucionalista y buscando acuerdos, Bernardo Arévalo prefirió designar a esta jurista y no atendió la propuesta que le hicieron las Autoridades Ancestrales.

La realidad es que el resultado de este proceso de designación de los Magistrados (as) de la Corte de Constitucionalidad es una correlación de fuerzas 3 a 2. Allí no hay espacio para discusiones de altura que puedan producir decisiones coherentes con la razón de ser de esta Corte Celestial.

Pero, para no ser fatalistas, digamos que la afirmación anterior podría ser negada por una decisión de la Corte de Constitucionalidad que termine con el salvaje y primitivo dominio que tiene Mazariegos y sus adláteres de la USAC. Una decisión que devuelva la dignidad a nuestra Alma Máter. Una resolución que cierre este capítulo perverso de dominio delincuencial de la USAC y evite el caos en que se encuentra y que seguramente se puede incrementar.

Pero para lograr lo anterior, el 3/2 debe terminar.

Lo que se logró con la expulsión de Consuelo Porras y su gavilla del Ministerio Público es, sin duda, un avance significativo en el proceso de recuperación de la institucionalidad judicial cooptada por las redes político criminales y el beneplácito vergonzante de buena parte de las élites empresariales. Pero si el poder judicial sigue siendo la maquinaria de guerra que impulsa el lawfare (la guerra jurídica) en nuestro país, la recuperación de la institucionalidad es imposible.

Por eso, la Corte de Constitucionalidad tiene esa tremenda responsabilidad histórica y el caso de la USAC es definitorio para saber si nos seguiremos manteniendo en el 3/2 prevaleciente o si se desbarata, desde arriba, la judicialización de la política (la lowfare).

Las decisiones de la CC con relación a la Universidad de San Carlos son simbólicas. Son la expresión de la continuidad de la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de las redes político criminales en alianzas vergonzantes con élites empresariales o del inicio de la recuperación de dicha institucionalidad, sin lo cual la democracia liberal es imposible.

Recuperar la USAC de las garras criminales no es solo un anhelo del sancarlismo, ese imaginario que expresa la lucha de los profesores y estudiantes de esa heroica casa de estudios por la democracia, la justicia social y los intereses del pueblo, en la cual han muerto muchos sancarlistas. Es también una piedra angular para recuperar la democracia en el país.