La postura del Gobierno ha sido clarísima, Ligia Hernández ha sido víctima de una persecución ilegal desde un aparato cooptado con un caso absolutamente espurio.

El mandatario también indicó que Hernández ha seguido el consejo de sus abogados al tomar decisiones respecto a su situación.

🟠 #BrevesTGW | “Ligia Hernández ha sido víctima de una persecución desde un aparato cooptado”, resaltó el presidente @BArevalodeLeon al referirse a la situación de la directora del Instituto de la Víctima quien aceptó los cargos que le fueron imputados por el MP. pic.twitter.com/Sybvnq0xNI

— 📻 Radio TGW (@Radio_TGW) November 15, 2024

El caso y la persecución judicial

Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, recobró su libertad este lunes tras aceptar un cargo por financiamiento electoral no registrado. Pasó 90 días en prisión preventiva, en un proceso que ha sido calificado por varios sectores, incluyendo al Gobierno de Estados Unidos, como un ejemplo de persecución judicial y uso indebido del sistema de justicia.

Hernández explicó las razones de su decisión de aceptar los cargos a pesar de considerarse inocente:

Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado, y a la luz de los hechos, pareciera no cambiar pronto.

El proceso judicial en su contra ha estado bajo reserva por decisión del juez Fredy Orellana, a cargo del juzgado penal que llevó el caso. Esta figura de confidencialidad en el sistema judicial ha impedido que se conozcan detalles públicos sobre las pruebas o argumentos presentados en su contra. La detención de Hernández, efectuada el 13 de agosto por el Ministerio Público, generó reacciones de repudio a nivel internacional.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a cargo de Santiago Palomo, por medio de un comunicado mencionó:

Como Gobierno, tienen la absoluta claridad de que Ligia Hernández ha estado enfrentando un caso injustificado y de mera persecución política, son las peores prácticas de una minoría corrupta que se ha resistido a dejar el poder. Seguiremos respaldándola y entendemos que su decisión haya sido difícil, pero que nadie en Guatemala debe tolerar estos tratos.

Hernández continúa al frente del Instituto de la Víctima, cargo que ocupa desde febrero por designación del presidente Arévalo. El caso ha dejado interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial y ha puesto de manifiesto la tensión política en el país tras los resultados electorales de 2023.

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