El paquete fiscal propuesto por el presidente Donald Trump bajo el críptico nombre de “Grande y hermoso decreto”, que incluye un impuesto a las remesas de migrantes —para financiar, en parte, las deportaciones masivas y la continuación del muro fronterizo—, exenciones de impuestos a propinas o recortes en programas de salud y atención a sectores necesitados, incluyendo las estampillas de víveres, fue aprobado el 23 de mayo último en el Congreso por cerrada mayoría de 215 votos, contra 214 opuestos. Está en el Senado, donde los republicanos tienen 53 de cien votos, aunque en este momento hay dos senadores de ese partido opuestos al plan, que podría ser avalado de cara a la fecha límite del 4 de julio, urgida por el mandatario.

Los senadores republicanos opuestos al “hermoso” plan señalan sus posibles efectos adversos sobre la economía y el bienestar de millones de estadounidenses. Trump pregona lo contrario y advierte de que, de no ser aprobado, entonces sí será devastador. El Partido Republicano está ante una especie de acertijo técnico a contra reloj: si le dan luz verde al plan, incluso con modificaciones, serán a la larga corresponsables accesorios de los resultados, y si lo frenan o lo cambian demasiado, serán señalados también. De hecho, Trump lanzó invectivas contra los dos senadores discordantes.

El pulso político del legislativo estadounidense quizá no tendría mayor eco en el entorno guatemalteco, de no ser por el pretendido tributo a las remesas enviadas por migrantes, que constituyen actualmente el 20% de la economía guatemalteca y que podrían verse afectadas por este gravamen. Trump propuso en 5%, el Congreso lo rebajó a 3% y en el Senado podría bajarlo a 1%, pero eso podría hacerlo insuficiente para costear los planes aludidos.

Es posible que el “gran” decreto pase la fase del Senado, se regrese al Congreso, de escasa pero real mayoría republicana, para recibir el aval final y enviarlo a la Casa Blanca, para que Trump lo sancione el 4 de julio próximo, día de la independencia de ese país. Los efectos de estas medidas, contenidas en un decreto de 976 páginas, aprobadas con extrema premura y leídas a toda carrera en el Senado, constituirán, sin duda, una baza o un lastre electoral en las elecciones legislativas del 2026, en las cuales se renovará todo el Congreso y se elegirá a un tercio del Senado.

En mayo último, el gobierno guatemalteco hizo llegar a la Cámara de Representantes una solicitud para reducir o eliminar el impuesto a las remesas, pero no se supo de un acercamiento o pronunciamiento similar dirigido a la Cámara Alta. Más allá de eso, se debió buscar sinergias con otros países receptores de remesas y dependientes de esos recursos, para advertir sobre los efectos adversos en sus economías. De hecho, las remesas han probado ser el mejor recurso para la reducción de pobreza, factor que detona la migración.

Sería justificado emitir un llamado respetuoso, pero vehemente, contra el impuesto a remesas o exigir un trato más digno a los connacionales detenidos en redadas, por el solo hecho de ser originarios de un país aliado. Pero el titubeo quizá radica en el temor a sufrir desgaste ante Trump. El Congreso guatemalteco, anodino, oneroso, resquebrajado y cundido de diputados con sospechosos financiamientos, no tiene cabeza para pronunciarse. El Ejecutivo, por su lado, depende del apoyo político de la Casa Blanca, y es aquiescente a los designios de sucesivos emisarios, incluyendo a la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, con quien se firmó un acuerdo cuyos alcances e implicaciones para Guatemala son motivo de suspicacias.