Dentro de las novedades que trae el gigantesco presupuesto del 2026, llaman la atención una serie de gastos millonarios para numerosas instituciones, especialmente relacionadas con asuntos femeninos, los cuales no estaban en la asignación oficial de este año. Nadie puede criticar la entrega de dinero para esas entidades porque es indudable la necesidad de beneficiar a la mujer, debido a las múltiples e importantes tareas a su cargo para el mejoramiento de la familia, sin importar sectores sociales, económicos, etc. Sin embargo, este tipo de nuevas entregas de dinero necesita de planificación en base a su importancia y a la cantidad de familias beneficiadas, especialmente en las áreas rurales y también en las citadinas de todo el país.

El gobierno también debe tener especial cuidado en investigar a esas instituciones en cuanto a si están bien organizadas, sus autoridades son serias, llenan los requisitos legales, y demás. La razón es muy sencilla: si no es así, la puerta está abierta para corrupción, otro tipo de mal uso de los fondos, cuyo desperdicio no solo es rechazable, sino causa problemas a las instituciones oficiales encargadas de realizar tareas de la mejor manera posible. Ninguno de esos grupos femeninos recibe menos de 1.4 millones de quetzales, y aunque esa cifra parece ínfima al compararla con la totalidad del presupuesto, cuya suma es de 163,783 miles de millones de quetzales, (21,400 millones de US$). Pero esa comparación no aclara su verdadero significado.

La base para analizar esas cifras son los gastos completos en otros rubros fundamentales, como educación, salud y vivienda, entre otros. Así se puede medir el porcentaje al compararlas y por tanto la importancia otorgada dentro de las prioridades gubernativas, lo cual necesita ser informado en forma clara y consistente, así como los avances del uso del dinero. En relación con esto es muy necesaria la existencia y conocimiento de las sanciones o condenas según sea el nivel del malgasto. Este criterio debe obviamente ser aplicado en todas las asociaciones receptoras de fondos públicos, no solo las mencionadas, y de esa forma se le quita terreno a interpretaciones y críticas provenientes de otros sectores en los cuales se divide la sociedad guatemalteca.

El conocimiento del uso del dinero estatal debe llegar al ciudadano sin necesidad de exigencias. Es parte de la información y está creciendo de manera algunas veces preocupante, pero ese es otro tema. En esta época, la multiplicación de los mensajes por medio de redes sociales exige separarlas en aquellas confiables por estar debidamente identificadas en quienes son sus autores y la fecha de su emisión. Conforme pasa el tiempo, la inteligencia artificial puede convertirse en una fuente de desinformación y últimamente hasta de videos falsos, como los de ponerle movimiento a los personajes pintados hace siglos, o, si son actuales, realizando acciones a veces absurdas, a veces falsas, pero con capacidad de engañar a los incautos al creer cualquier cosa.

La priorización de gastos es entonces mucho más importante de lo aparente, porque por ser los presupuestos cantidades dependientes de los ingresos estatales, no son seguros, sino casi una apuesta por dinero llegado a las arcas. Eso sí: de nada sirve priorizarlos y recibirlos, si quienes los manejan y deciden su destino son simples irresponsables en todos los sentidos. Un país como Guatemala, donde según datos a mi alcance nacen alrededor de 1,200 niños a diario, es decir 380 mil cada año, ya comenzó una disminución, aunque mínima, de la curva de la pirámide poblacional de mujeres y ha disminuido desde hace algunos pocos años, y esto, aunque no pareciera, tiene también relación con la manera adecuada de priorizar el gasto de los fondos provenientes de los impuestos.